Dossier: Caso PUERTO DE LA PLATA, El
 
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30/12/1989 • El caso Puerto de la Plata recibe su nombre del proyecto turístico-urbanístico que el ayuntamiento gaditano de Barbate aprobó en diciembre de 1989, tras seis meses de bloqueo, gracias a la mediación de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del gobierno,  Alfonso Guerra.

El caso Puerto de la Plata recibe su nombre del proyecto turístico-urbanístico que el ayuntamiento gaditano de Barbate aprobó en diciembre de 1989, tras seis meses de bloqueo, gracias a la mediación de Juan Guerra, hermano del entonces vicepresidente del gobierno,  Alfonso Guerra.

El proyecto Puerto de la Plata, que preveía una inversión de 8.000 millones de pesetas (80.000 millones según el diario ABC), se encontraba paralizado debido a la enemistad existente entre el alcalde del municipio, el socialista Serafín Núñez Sánchez, y el promotor del proyecto, Jesús López López. La participación de Juan Guerra en la introducción de un nuevo promotor y socio suyo, José Garrido, fue dada a conocer por el propio alcalde en el mismo pleno en el que se aprobó el protocolo de intenciones.

La noticia derivó en un proceso judicial que terminó nueve años después con la condena del alcalde a seis años y un día de inhabilitación por prevaricación y la absolución de todos los cargos tanto al ayuntamiento como a los tres concejales barbateños imputados y al promotor Garrido.

Aunque el hermano del vicepresidente no fue acusado en este proceso, Puerto de la Plata fue el desencadenante del caso Juan Guerra, donde se investigó su implicación en otros negocios de características similares y si éstos se desarrollaban en el despacho del que disponía en la delegación del gobierno en Andalucía. Guerra resultó absuelto de las acusaciones de falsedad en documento mercantil, prevaricación, cohecho y usurpación de funciones realizadas en diferentes procesos, mientras que fue condenado a una multa y un año de cárcel por fraude fiscal. Además, a partir de entonces el tráfico de influencias se tipificó como delito en el código penal.

EL PROYECTO PUERTO DE LA PLATA

El protocolo de intenciones aprobado el 30 e diciembre de 1989 por la comisión urbanística del ayuntamiento de Barbate incluía la construcción de un hotel de cuatro estrellas con 460 camas, un muelle pesquero con una lonja, 3.300 viviendas, un lago artificial, una zona deportiva, una zona verde, locales comerciales y equipamientos sociales y militares en el territorio de Zahara de los Atunes.

El proyecto Puerto de la Plata preveía un presupuesto de 8.000 millones de pesetas para la construcción, en cinco años, de 348.756 metros cuadrados destinados a zona residencial y otros 65.000 dedicados a la parte hotelera. En total, 199 hectáreas urbanizadas de manera que respetase el índice de edificabilidad de 0,20m²/m² exigido por el plan de ordenación urbana.

Sin embargo, de las 199 hectáreas de Puerto de la Plata, 130 estaba proyectadas sobre territorio del polígono de entrenamiento militar de la Sierra del Retín, que el Ministerio de Defensa expropió en 1981 y en el que se realizan adiestramientos de varias unidades de la Armada.

Según los medios de comunicación, el proyecto implicaba la recuperación de parte de esos terrenos para la construcción a través de la mediación de Juan Guerra y Serafín Núñez con el director general de Infraestructura del Ministerio de Defensa, Alberto Valdivieso. El entonces ministro de Defensa, Narcís Serra, declaró en el Congreso que su departamento no tenía intención de ceder esos terrenos al ayuntamiento, convirtiendo en inviable la propuesta.

EL PRIMER PROMOTOR

El proyecto Puerto de la Plata fue ideado por sociedad Gestora de Arquitectura e Ingeniería  (GARINSA), presidida por Jesús López López, y presentado al Ayuntamiento de Barbate por promotora Nueva Zahara S.A., de la que López era también el representante legal.

Siguiendo las declaraciones del alcalde, la primera reunión con los promotores se celebró en marzo de 1988. En la sentencia del Tribunal Supremo se especifica que esta primera propuesta incluía la construcción de un puerto deportivo, un lago, zonas ajardinadas y viviendas “sobre una superficie, en principio, de 69 hectáreas, de propiedad municipal en parte y particular; (…) sin perjuicio de una posterior ocupación de terrenos circundantes, propiedad del Ministerio de Defensa, con una superficie de 1.105 hectáreas, aproximadamente". La entidad Nueva Zahara S.A. era titular de una opción de compra sobre una parte de los terrenos sujetos a la servidumbre militar de 300 metros establecida como zona de seguridad en la que, con permiso de la Autoridad competente, se podían hacer obras e instalaciones.

El 22 de julio  la Oficina Técnica del Ayuntamiento de Barbate emitió un informe indicando que para poder tener en cuenta la propuesta, era necesario reducir las alturas de los edificios y el volumen total de construcción, así como establecer un convenio con el Ayuntamiento y presentar garantías económicas.

En marzo de 1989 López presenta el proyecto con las modificaciones requeridas, principalmente un aumento de los terrenos para respetar la densidad de construcción, y obtiene el apoyo de la sociedad Panell Kerr Forster, que gestionaba el caso para otras inversoras inglesas con intereses en el proyecto, como Brent Walter y Tourist Holding Limited.  

En las sucesivas entrevistas entre los promotores y el alcalde, éste manifestó a la sociedad inglesa su deseo de apartar a López del proyecto y el grupo continuó las negociaciones sin la presencia del representante de Nueva Zahara S.A. Panell Kerr Forster intentó también mediar sin éxito con Núñez y otras administraciones del PSOE a través del ex senador socialista José Cabrera Bazán, quien solicitó por ello el pago de dos millones de pesetas. Las afirmaciones de Cabrera Bazán sobre sus contactos con miembros del partido para el desbloqueo del proyecto contrastaron con las respuestas parlamentarias de altos cargos del PSOE asegurando no conocer la propuesta.

A pesar de la voluntad de ambas partes el proyecto se paralizó de nuevo porque, según la entrevista concedida por  Núñez al diario ABC en enero de 1990, en ninguna de las reuniones celebradas los promotores llegan a definir en qué consiste el proyecto.

EL CAMBIO DE PROMOTOR

Ante esta situación, uno de los promotores de Nueva Zahara S.A., el franco-argelino Pierre René Elbaz, se puso en contacto con el empresario José Garrido López, que decidió interesarse por Puerto de la Plata y solicitar a su socio Juan Guerra que le presentase al alcalde barbateño. Las investigaciones judiciales confirmaron que en septiembre Guerra había llamado a su compañero de partido Serafín Núñez para que reconsiderase el proyecto y que el alcalde de Barbate había respondido afirmativamente.

En octubre de 1989 Serafín Núñez mantuvo una primera reunión con Juan Guerra y José Garrido, además de otros socios, funcionarios y técnicos del ayuntamiento. Pese a la dificultad de obtener los terrenos militares y la incidencia de la Ley de Costas, algunos encuentros después Núñez remitió un informe positivo a la oficina técnica del ayuntamiento para la tramitación del expediente.

El fiscal de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, consideró probado que el 15 de diciembre, 15 días antes de la aprobación plenaria, ya se había firmado un protocolo de intenciones entre el alcalde y Garrido López como representante de una nueva sociedad llamada Puerto Zahara S.A. Ollero determinó también que el proyecto aprobado el 30 de diciembre de 1989 era el mismo que Núñez había rechazado varios meses antes.

El Tribunal Supremo supuso que Jesús López López debía conocer el proceso, pues como representante de Nueva Zahara S.A. y GARINSA firmó con Garrido, quien representaba a Puerto Zahara S.A., dos contratos fechados a 16 de diciembre de 1989. En el primer contrato Puerto Zahara S.A. adquiría de Nueva Zahara S.A. los derechos de opción de compra de terrenos que tenía y la gestión efectuada hasta la fecha del proyecto Puerto de la Plata. En el segundo, Puerto Zahara S.A. encargaba a GARINSA continuar el proyecto “hasta su presentación a los Colegios de Arquitectos e Ingenieros(…); la gestión de compra de los componentes inherentes a la ejecución y realización de los trabajos implicados en la construcción del puerto y la realización de la urbanización”.

PLENO BARBATE

El día 30 de diciembre de 1989, en un pleno extraordinario del Ayuntamiento de Barbate presidido por el alcalde Serafín Núñez y al que asistían seis Tenientes de Alcalde, once Concejales y el Secretario General, se debatía la aprobación del anteproyecto para la construcción de la urbanización Puerto de la Plata y el protocolo de intenciones.

El concejal del CDS, Alonso Varo, quien había acusado de malversación de fondos al alcalde anteriormente, sugirió que el cambio de situación se debía a que en el proyecto habían entrado personas importantes. Núñez admitió que la iniciativa venía avalada por miembros del PSOE y que en ella había entrado el hermano del vicepresidente. El Pleno, con diecisiete votos a favor y una abstención aprobó inicialmente el anteproyecto Puerto de la Plata presentado por José Garrido en representación de Puerto Zahara S.A.

La información sobre la intervención de Juan Guerra apareció en el periódico ABC el 3 de enero de 1990 y adquirió relevancia porque era la primera vez que un cargo político, el alcalde, reconocía en un acto institucional como el pleno municipal la mediación de Juan Guerra en un proyecto urbanístico.

EL PASO A LAS INVESTIGACIONES JUDICIALES

El 10 de enero de 1990 el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Cádiz, Jaime Ollero, abre instancias informativas sobre las circunstancias de la aprobación del proyecto Puerto de la Plata. Las investigaciones se transformaron en una querella contra el entonces alcalde de Barbate, Serafín Núñez; contra los concejales socialistas Francisco Tamayo Bernal, Rafael Quirós Lara y Diego Guerrero Sánchez, que formaban parte de la comisión municipal de urbanismo que aprobó el proyecto; contra el propio Guerra y contra el empresario José Garrido López. Los demás concejales presentes en la comisión no fueron imputados pese a conocer también la participación de Juan Guerra.

En concreto, la querella se presentaba por un posible delito de prevaricación (dictar una resolución sabiendo que es injusta) tanto para el alcalde como los concejales, mientras que Garrido y Juan Guerra estaban imputados como inductores o colaboradores en el delito. Por su parte, Jesús López también presentó una querella como acusación particular en representación de la sociedad Gestora de Arquitectura e Ingeniería.

Jesús López declaró que el motivo del rechazo de su propuesta fue la enemistad personal con el alcalde y que meses después Núñez firmó el acta de protocolo tras haberse reunido con Juan Guerra y recibir el mismo proyecto de manos de José Garrido.

El 27 de enero de 1989 López había enviado un documento al presidente del gobierno, Felipe González, exponiendo las dificultades encontradas en Barbate para desarrollar su proyecto, así como la tendencia de algunos municipios socialistas a crear sociedades mixtas para edificar sobre zonas públicas sin respetar “las normas más elementales de conservación de la naturaleza o los espacios libres”. Entre ellos se nombraba una urbanización turística promovida por Núñez en la zona de Hierbabuena que posteriormente fue protegida. Según López, su escrito fue el desencadenante de que esa urbanización, así como otros proyectos nombrados no se desarrollaran, y el hecho le valió una mayor enemistad del alcalde barbateño. El abogado del alcalde, Manuel Miralles, atribuyó la enemistad a que el promotor estaba resentido por habérsele rechazado otro proyecto anterior.

Durante las instancias, el fiscal Ollero se interesó por la llamada en la que, según afirmó Serafín Núñez, "Juan Guerra solicitó una entrevista con unas personas para tratar el tema del Puerto de la Plata". En su declaración Guerra confirmó que se reunió dos veces con el alcalde, una para hablar, tras una llamada en la que le comentó que quería presentarle a su socio y promotor Garrido y otra vez, cuando “acompañó a sus amigos a entregar unos papeles”, pero que no recibió ningún tipo de compensación económica por ello. 

El promotor Pierre René Elbaz acudió al juicio citado como testigo por Isidoro Hidalgo, el fiscal que sustituyó en 1992 a Jaime Ollero tras su jubilación. En su escrito de acusación Hidalgo aludía así a la participación de Elbaz: «Pierre René Elbaz entabla cierta amistad con el promotor José Garrido López, manteniendo diversas reuniones en el hotel de la urbanización Sotogrande, en las cuales explicó a Garrido el bloqueo al que había sometido el alcalde de Barbate el proyecto presentado. Como José Garrido tenía amistad de más de 20 años con Juan Guerra, y conociendo no sólo la afinidad de ideología política que le unía con Serafín Núñez sino que en otros asuntos había actuado de mediador cerca de las personas que podían tomar decisiones políticas en asuntos urbanísticos, pidió a Juan Guerra que ejerciera su influencia cerca de ésta con el fin de desbloquear el proyecto Puerto de la Plata».

Durante el proceso también prestó declaración la militante del PSOE Alicia Cuadrado. Según las informaciones publicadas por el diario ABC, Cuadrado contaba con acciones en la operación y en una reunión con los promotores dijo poseer toda la confianza de sus compañeros de partido.

SENTENCIAS BARBATE

El 6 de mayo de 1997 la Audiencia Provincial de Cádiz condenó a Serafín Núñez a seis años y un día de inhabilitación especial por el delito de prevaricación en el caso Puerto de la Plata cuando era alcalde de Barbate con el grupo PSOE. La condena, que coincide con la solicitada por el fiscal Hidalgo, supone la imposibilidad para el condenado de ejercer el cargo de alcalde o el de concejal.

La Audiencia consideró que el alcalde dictó una resolución administrativa injusta para obstaculizar la presencia del promotor Jesús López en su proyecto Puerto de la Plata debido a la enemistad existente entre ambos. La sentencia establece que el proyecto se desbloqueó tras una entrevista entre el alcalde y otro promotor gestionada por Juan Guerra y especifica que el Código Penal utilizado fue el antiguo, ya que el nuevo imponía al menos siete años de inhabilitación por el delito de prevaricación.

Núñez había abandonado el PSOE y dimitido de su cargo el 18 de septiembre de 1990, pero volvió al cargo tras ser reelegido en 1995 con el grupo Independientes Barbateños (IBA), por considerar que la sentencia no era firme hasta resolver el recurso presentado ante el Tribunal Supremo. Tras la confirmación de la condena en septiembre de 1998, Núñez abandona la alcaldía alegando motivos de salud y se aleja definitivamente de la política el 16 de octubre, cuando deja su escaño como diputado de IBA.

La sentencia de la sección cuarta de la audiencia absolvió a Núñez de los delitos de cohecho y falsedad que le imputaba la acusación particular, así como a los otros tres acusados. En concreto, el tribunal absuelve de prevaricación y cohecho a Rafael Quirós Lara, ex concejal de Urbanismo; de prevaricación a Francisco Tamayo, quien había sustituido a Núñez como alcalde; y de falsedad en documento público y denegación de auxilio judicial al secretario al secretario del ayuntamiento, José Mata Ortega.

Asimismo, dado que el tribunal no podía determinar la verdadera viabilidad técnica y económica del proyecto, desestimó la petición de indemnización que Jesús López había solicitado al ayuntamiento. Además la acusación particular debió pagar las costas causadas por la imputación de los delitos que resultaron absueltos.

El promotor también recurrió la sentencia ante el Tribunal Supremo por considerar que la instrucción del caso había sido incorrecta, había existido manipulación de la formación del tribunal y el juicio debía ser nulo. El recurso, sin embargo, resultó desestimado.

EL CASO JUAN GUERRA

Tras conocerse en el pleno de Barbate la intermediación del hermano del vicepresidente del gobierno en la aprobación e impulso de Puerto de la Plata, la oposición y los medios de comunicación comenzaron a investigar lo que se conocería como el caso Juan Guerra. Dos semanas después, en el Congreso de los Diputados, Alfonso Guerra aceptó una pregunta del PP sobre la participación de su hermano Juan en este asunto. Alfonso Guerra dijo que su hermano Juan no tenía nombramiento oficial, sino que estaba contratado por el PSOE y que era su asistente en Sevilla, donde tenía acceso a un despacho para recoger el correo y organizar las visitas de su hermano.

Las investigaciones sobre las actividades mercantiles que Juan Guerra llevó a cabo en ese despacho entre 1983 y 1989 motivaron que fuera acusado en varios procesos de los delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, prevaricación y cohecho, además de usurpación de funciones.

De todas las acusaciones, Guerra sólo fue condenado por fraude fiscal de 42 millones de pesetas (253.627 euros) en 1995. La sentencia, confirmada en 2001 por el Tribunal Constitucional, lo obligaba al pago de la correspondiente cantidad a Hacienda, dos multas de 25 y 35 millones de pesetas (360.200 euros en total) y un año de cárcel, no efectivo por no poseer antecedentes.

Desde entonces Juan Guerra se retiró de la vida pública y a raíz de estos procesos se modificó el Código Penal para incluir como delito el tráfico de influencias.

OTROS INTENTOS DE URBANIZACIÓN EN BARBATE

El proyecto Puerto de la Plata nunca llegó a realizarse, tanto por el proceso judicial como por la negativa del Ministerio de Defensa a ceder sus parcelas. Sin embargo, el Diario de Cádiz recuerda en un artículo publicado en enero de 2008 que “partidos de todo signo político ansían desde hace décadas el cambio de uso de estos terrenos”, ya que son una zona natural libre de toda construcción.

La siguiente iniciativa de relieve planteada sobre suelo de El Retín fue la del alcalde popular Juan Manuel de Jesús en 1999, tras el fin del acuerdo pesquero con Marruecos. De Jesús propuso, sin éxito, la diversificación económica del pueblo a partir de la construcción de varios hoteles especializados en turismo de salud.

El 12 de junio de 2010 se hizo público que el Gobierno había aceptado la petición del Ayuntamiento de Barbate, liderado desde 2007 por el socialista Rafael Quirós, de desafectar 20 hectáreas de las más de 5.000 que Defensa posee en el municipio. El alcalde había solicitado el terreno para construir una carretera que dé acceso a la Nacional 340, con la posibilidad de hacer una concesión a una empresa holandesa para establece runa piscifactoría. Ésta es la primera cesión de los terrenos expropiados por el Ejército al ayuntamiento en 1981.




Acusado
Mostrar resumen   NÚÑEZ SÁNCHEZ,Serafín
Implicado
Mostrar resumen   RENÉ ELBAZ,Pierre
Mostrar resumen   PANELL KERR FORSTER
Referencias
Mostrar resumen   CABRERA BAZÁN,José

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