Dossier: Informes de la Generalitat de Catalunya, Los
 
España | BARCELONA | BARCELONA
 
01/07/2010 • 

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió en 2008 una investigación por una posible adjudicación de 1.583 informes elaborados por la Generalitat a ex altos cargos en 2007. El caso quedó cerrado para la Fiscalía en junio de 2009. Repasemos el proceso.


En política, hay tramas que estallan de golpe, sin avisar, sin conceder un razonable tiempo de digestión a la sociedad civil. Normalmente, en este contexto, se encienden las alarmas de la opinión pública y se acaparan todas las portadas de la atención mediática. No obstante, hay otros casos más reposados que van recibiendo destellos de popularidad, que entran y salen de los medios de comunicación sin instalarse en la categoría de escándalo.
 
En mayo de 2008, la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña abrió una investigación por una posible adjudicación de 1.583 informes elaborados por la Generalitat a ex altos cargos en 2007.

Posteriormente, el ministerio público abrió diligencias contra siete consellers de la Generalitat por una presunta malversación de fondos. Los dirigentes afectados fueron los de Interior,
Joan Saura (Iniciativa per Catalunya Verds); Acció Social i Ciutadania, Carme Capdevila (Esquerra Republicana de de Catalunya); Agricultura, Joaquim Llena (Partit dels Socialistes de Catalunya); Salut, Marina Geli (Partit dels Socialistes de Catalunya); Governació i Administracions Públiques, Joan Puigcercós (Esquerra Republicana de de Catalunya); Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal (Partit dels Socialistes de Catalunya); y Cultura, Joan Manuel Tresserras (Esquerrra Republicana de Catalunya).
 
La decisión de la fiscalía llegó después de la denuncia del sindicato de funcionarios públicos Manos Limpias, de ideología ultraderechista, que acusaba el Gobierno catalán de haber adjudicado "a dedo" estos informes a ex diputados y a ex altos cargos de la Generalitat. El caso desencadenó una tormenta política. Montilla tuvo que sortear los ataques de los partidos de la oposición, sobretodo del Partido Popular y Ciutadans, y recordó que los informes y estudios que encargan las conselleries del Govern tienen una justificación y un objetivo.
 
Entre los 1.583 informes encargados por el gobierno de Montilla en 2007 fueron sólo algunos los que desataron más polémica por su dudosa utilidad. Por el estudio “Diseño de parchís y puzzle de la casita de cartón recortable” el tripartito pagó 11.368 euros; por el “Estudio del murciélago Nana como control de la plaga de la mariposa del arroz en el delta del Ebro”, 2.328 euros; por un informe sobre “Aves esteparias” el Govern abonó 123.557 euros; por el informe “Estudio, factores y manejo de la chufa”, 11.965 euros; por el estudio “Seguimiento de la concha brillante”, 27.632; y por el informe una “Biografía selectiva sobre imaginación”, 5.480 euros.

Asimismo, la polémica creció al demostrarse que algunos de los informes fueron modificados, supuestamente, tras ser cuestionado su encargo. Las modificaciones fueron introducidas en 2008, mientras que los informes se pagaron con cargo a 2007. El siguiente ejemplo ilustra esta práctica.

En junio de 2008, el Institut Català de les Dones publicó un estudio sobre el fomento de los juguetes no sexistas, valorado en 12.000 euros, con errores importantes y formado, en su mayor parte, por recortes de prensa. En la página 9, por ejemplo, afirmaba que un niño en Cataluña ve "una media de XXXXXXX (sic) anuncios al día". En la nueva versión los niños ya no veían "XXXXXXX anuncios al día", sino "147 horas de televisión semanales". Obviamente el cambio introducía otro error, pues la semana tiene 168 horas. La oposición criticó, posteriormente, al Institut por haber pagado por un informe de estas características.
 
El Departamento de Acción Social defendió los cambios en el informe alegando que es una práctica habitual pagar un estudio sin estar terminado. No obstante, admitió el error de no especificar inicialmente el número de horas de consumo televisivo de los niños. "Después se corrigió, aunque se cometió otro error", dijo en referencia a las 147 horas de televisión semanales que, según el estudio, veían los niños catalanes.
 
INFORMES SIN JUSTIFICAR 
 

Con el caso abierto, el Síndico Mayor de la Sindicatura de Cuentas de la Generalitat, Joan Colom, reveló que su organismo llevaba una década denunciando que algunos de los contratos de informes que encarga el Gobierno catalán no se justificaban.

"Hace 10 años que los informes de la Sindicatura critican que tanto en este gobierno como en el anterior, hay un volumen de contratos dudosos". Colom no habló de informes “irregulares” pero mencionó que existían pequeños contratos “no siempre justificados”. El Síndico Mayor atribuyó esas prácticas corruptas a la falta de cultura política respecto al necesario control de las cuentas públicas y afirmó que la Generalitat no cumplía en ocasiones las normas de la UE relativas a la contratación de obra o servicios. "Hay una propensión a adjudicar mediante trámites de urgencia y sin concurso obras que, tres años después, todavía no están hechas".
 
 
LA GENERALITAT ADMITE INCIDENCIAS
 

La trama de los informes se fue diluyendo hasta que, meses más tarde, la Intervenció General de la Generalitat, dependiente de la conselleria de Economía, reconoció "incidencias" en el 16% de los estudios y dictámenes externos que encargó la administración catalana en 2007, sin observar, no obstante, ninguna irregularidad. Ésta fue la principal conclusión del informe elaborado, con la ayuda de tres empresas externas de auditoría, por el Interventor, Josep Maria Portabella, por encargo del Govern en junio de 2008, después de que la oposición denunciara la existencia de posibles irregularidades en la adjudicación de estudios e informes técnicos. Sobre un universo de 2.469 estudios encargados en 2007, el informe elaborado por el Interventor tomó una muestra de 300 estudios y apreció una o más incidencias en 49 de ellos, un 16% del total de expedientes examinados.

En la muestra de 300 expedientes fiscalizados, se decidió sobrerrepresentar los contratos con más "riesgo" de contener incidencias: los contratos de entre 11.000 y 12.000 euros -cifra que en 2007 marcaba el límite para no tener que convocar un concurso público para adjudicarlos- y los contratos superiores a 12.000 euros que se adjudicaron sin concurrencia.

El informe concluyó que existían algunas dudas sobre la utilidad del 9,6% de los dictámenes analizados, que en un 3,3% de los casos el precio que se pagó por los estudios no se ajustó al valor del informe y que en el 9% fue discutible el encargo, puesto que posiblemente la propia Generalitat disponía de suficientes medios para hacer ese estudio.

Asimismo, el conseller de Economía compareció ante la Comisión de Economía del Parlament para recalcar que no había ninguna ilegalidad o irregularidad que tuviera que ser objeto de actuación administrativa o penal, aunque reconoció que la gestión de los fondos públicos destinados a pagar este tipo de estudios se podía "mejorar".

Por otro lado, otro estudio interno del Govern sobre "El potencial de ahorro respecto a otras comunidades" señaló que la Administración catalana tenía un ahorro potencial de entre 45 y 70 millones de euros en informes, estudios y trabajos técnicos. Dicho informe también esclarecía que la Generalitat dispone de una estructura organizativa compleja, con un total de ochenta entidades internas y ciento diez externas. Un organigrama que, en comparación con otras autonomías, multiplica el gasto catalán.
 
LA FISCALÍA SE PRONUNCIA
 
En julio de 2010, ya con escaso ruido mediático de fondo, la Fiscalía Superior de Catalunya archivó finalmente las diligencias abiertas a raíz de la denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias. El decreto de la fiscalía expuso que en todos los contratos se había comprobado la legalidad y el cumplimiento de los requisitos administrativos del expediente, que el pago satisfecho se correspondió con un trabajo realizado y que la elaboración de los estudios, asesoramientos o asistencias fueron adjudicados a personas o empresas tituladas, con conocimiento y experiencia en el sector.
 
¿Se puede hablar, pues, de un caso cerrado? La fiscalía así lo decretó pero quizás tampoco es función de esta institución entrar a valorar el posible abuso de la contratación externa realizada por el Gobierno de la Generalitat o la utilidad, eficiencia o interés político de este tipo de actuaciones.
 
Por: Carol NADAL RIAL




Noticias Relacionadas
Mostrar resumen 03/08/2010 El caso de los informes de la Generalitat de Catalunya