Dossier: La financiación de los Partidos Politicos
 
España | MADRID | MADRID
 
19/06/2010 • 

El sistema de financiación de los partidos es esencial para garantizar la eficacia del sistema democrático, pero exige un férreo control, por lo que es necesario establecer garantías para que no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder


UNA VISIÓN HISTÓRICA

El sistema de financiación de los partidos es esencial para garantizar la eficacia del sistema democrático, pero exige un férreo control, por lo que es necesario establecer garantías para que no incorpore elementos de distorsión entre la voluntad popular y el ejercicio del poder.

Frente al modelo anglosajón de patrocinio privado, en Europa se prefiere el modelo mixto. En Alemania, por ejemplo, los partidos reciben subvenciones estatales cuyo monto depende, sobre todo, de los resultados obtenidos en los comicios y deben dar cuenta públicamente de la procedencia y uso de sus recursos.

En España, con la llegada de la democracia, los bancos y las cajas vieron el interés que para ellos suponía otorgar los préstamos que los partidos les pedían, ya que no les convenía enemistarse con aquellos que, supuestamente, podrían encontrarse a corto plazo en el poder. Una deuda que en algún momento se llegó a cifrar en 50.000 millones de pesetas (unos 300 millones de euros) y que vino acompañada por la dificultad que encontraron los bancos y las cajas posteriormente para cobrarlos, aunque los partidos políticos no dejaban de reconocer, siempre que se les preguntaba, que "la deuda estaba viva".

Las pólizas se aplazan y nunca llegan a cobrarse, hasta que llega un momento en que se hace necesaria la renegociación, o lo que es lo mismo, la cancelación parcial o total de la deuda, a cambio del cobro de los intereses generados por la misma, lo que no sólo resulta beneficioso para las entidades políticas, sino también para el banco y sus accionistas, ya que consiguen al menos algo del dinero que se les debe.

Sin embargo, la posibilidad de renegociar intereses de deuda para los partidos políticos era una cuestión no regulada en la Ley de Financiación de Partidos Políticos de 1987 por lo que, por tanto, era alegal. Ni los bancos ni las cajas tenían obligación de declararlos, ya que eran los propios políticos quienes informaban de su situación al Tribunal de Cuentas, un organismo destinado a ejercer la labor de fiscalización de las cuentas de las formaciones políticas, que, por otro lado, siempre se ha quejado de su escaso poder de investigación y de comprobación.

Con la Ley de Transparencia de 2004 se obligó a las Cajas (no a los bancos), a hacer públicos los saldos vivos de los préstamos concedidos en los últimos años. El resultado reflejaba 80 millones de euros (finales de 2004), 70,2 millones de euros (finales de 2005), 98,8 millones de euros (año 2006) y 122,8 millones de euros (año 2007). Un proceso ascendente que tuvo como freno la coyuntura económica marcada por tiempos de crisis.

La opción de renegociación de intereses de deuda se reguló expresamente en la disposición transitoria segunda de la nueva Ley de Financiación de Partidos Políticos, que tuvo lugar en 2007. La filosofía de esta nueva normativa se basa en la convicción de que la libertad de los partidos políticos quedaría empañada si se permitiera como fórmula de financiación el modelo de liberalización total. Por eso, se atribuye al Estado la garantía del acceso de los partidos a operaciones de crédito para gastos electorales, aunque siempre teniendo en cuenta al Tribunal de Cuentas y al Banco de España.

Por otra parte, se establecen límites a la financiación privada y se aboga por un incremento de la transparencia de la actuación de los partidos, prohibiendo las donaciones privadas anónimas de gran envergadura. Por este motivo, se aumenta la capacidad investigadora del Tribunal de Cuentas, dotándole incluso de la facultad de inspeccionar las cuentas bancarias.

La labor del Tribunal de Cuentas es, pues, velar por el cumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) y denunciar cualquier irregularidad cometida por las formaciones políticas. Sin embargo, en muchas ocasiones tiene que volver a solicitar a las entidades políticas datos sobre sus ingresos, gastos, donaciones y acuerdos con las entidades bancarias.

Para muchos, la financiación de los partidos políticos en España, aunque controlada por el Tribunal de Cuentas, es uno de los "agujeros negros" de nuestro sistema democrático, y esconde mutuos favores entre formaciones políticas y entidades bancarias, lo que provoca cuando menos desconfianza en la clase política. Cuando se les pregunta a los políticos sobre aspectos relacionados con su financiación, el silencio suele ser la respuesta más común.

¿CONDONACIÓN O RENEGOCIACIÓN?

Tras la publicación de un artículo en el periódico El Mundo, el jueves 21 de enero de 2010, en el que se hablaba de la condonación a este partido político de 33 millones de euros de deuda en 2006 por parte del Banco de Santander y la BBK, el Tribunal de Cuentas manifestó que carecía de información al respecto, mientras que el PSOE envió un comunicado a dicho periódico afirmando que la supuesta condonación de la deuda (calificada como tal en el diario) no era sino una "renegociación del pago de los intereses generados por la misma"

Según el grupo socialistas, esta operación fue comunicada al Tribunal de Cuentas tanto por el PSOE como por las entidades financieras. Asimismo, el PSOE negó de forma tajante que existiera una deuda de 33 millones de euros pendientes de pago, al tiempo que señalaba que el monto de la operación de negociación del pago de los intereses generados ascendía a 2,8 millones de euros de principales y 3,5 millones de euros de intereses.

Para cerrar el comunicado, el PSOE señalaba que actuaba "con total transparencia en los asuntos relativos a su financiación como organización política, siempre atendiendo con la máxima colaboración las peticiones formuladas por el Tribunal de Cuentas".

Como contestación, el periodista Carlos Segovia, de El Mundo, resaltaba que "el PSOE llama renegociación a lo que el Tribunal de Cuentas llama posible condonación de deuda por intereses", al tiempo que recogía las quejas del Tribunal de Cuentas al que, según el periodista, "no le han comunicado los términos de negociación".

Segovia preguntó también al PSOE por qué no reconocía "la deuda adicional de unos 33 millones de euros por los intereses de demora de dos décadas de impago con el Santander y la BBK", un hecho que, según el periodista, "sí estaba admitido por las entidades bancarias".

Según Segovia, "el Tribunal de Cuentas incide en que esa posible condonación es un problema, precisamente porque en 2006, cuando el PSOE renegoció sus créditos con estas entidades bancarias, esas condonaciones de deuda eran consideradas una financiación irregular de los partidos, ya que no estaban recogidas en la ley, mientras que un año después, en 2007, el PSOE logró apoyos para aprobar una nueva norma que sí permitía este tipo de operaciones".

La posible condonación de los 30 millones de euros se sumaba a la de 7,1 millones que La Caixa hizo al Partido Socialista de Cataluña (PSC) en 2004.

CONDICIONES FAVORABLES Y TRIBUNAL DE CUENTAS

La mayoría de los partidos políticos han logrado en los últimos años no sólo condonaciones de sus deudas, sino también condiciones de favor para las mismas, con un tipo de interés bajo, inalcanzable para cualquier ciudadano. El PSC, por ejemplo, logró que La Caixa le condonara el 45% de su deuda en 2004 (6,57 millones de euros) y que le dejara el resto del dinero pendiente con un tipo de interés del 3%.Y Esquerra Republicana (EA) también disfrutaba de un préstamo con La Caixa de 1,4 millones de euros en 10 años al 3% fijo.

El Tribunal de Cuentas, que ejerce labores de vigilancia, se queja habitualmente de cuentas "poco claras", solicitando en numerosas ocasiones información adicional a los partidos políticos.

El PSC y La Caixa, por ejemplo, no informaron en su día al Tribunal de Cuentas de los detalles de las condiciones del acuerdo que alcanzó a finales de 2004 con La Caixa tras 11 años sin pagar una deuda vencida de 14 millones de euros, lo que provocó las quejas del organismo, según se detalla en uno de sus informes. Además, según se publicó en el periódico El Mundo, el Tribunal de Cuentas denunció ocultación de datos de los socialistas catalanes y la caja de ahorros, bajo la sospecha de tratarse de una financiación irregular, mientras que desde La Caixa se afirmaba "haber actuado con total transparencia". El asunto quedó zanjado con el simple recelo del Tribunal de Cuentas dado que, en las alegaciones, el PSC señaló que había alcanzado un pacto con La Caixa para comenzar a cancelar su deuda, mientras que desde La Caixa se secundaba esta afirmación resaltando que siempre habían actuado con transparencia y "bajo normas rigurosas conocidas por el consejo de administración de la entidad", según manifestó el presidente de la entidad, Ricardo Fornesa.

JUSTIFICACIÓN DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS

El PSOE y el PP han sido los dos partidos políticos más beneficiados por la condonación de deuda por parte de las entidades financieras, y ambos han defendido siempre el carácter habitual de esas operaciones en las alegaciones que ha presentado en los distintos ejercicios al Tribunal de Cuentas.

En 1996, el PP, en las alegaciones al informe de fiscalización del año 1993, justifica la condonación de 124,3 millones de pesetas afirmando que "se trata de transacciones entre entidad financiera acreedora y acreditado en la que la primera renuncia parcialmente a sus derechos para poder hacer efectiva parte de la deuda, evitando dilatados procesos de ejecución con incierto final en muchos casos". Según el PP, la operación debía ser entendida "como algo usual en el mundo financiero, sin que cupiera interpretarla como un acto de liberalidad en sentido estricto". Alegaciones parecidas se han repetido en el tiempo, y por parte de muchos partidos políticos.

Por su parte, IU, durante el proceso de proposición de ley sobre la Financiación de los Partidos Políticos, en 2006, solicitó en numerosas ocasiones endurecer el acceso a donaciones y condonaciones, además de la tipificación penal de la financiación ilegal. Según IU, estas peticiones procedían "desde la autoridad moral y política que da el no haber recibido condonaciones de los bancos, tal y como reflejan los sucesivos informes del Tribunal de Cuentas", en un momento en que el PSOE debía casi 18 millones de euros y el PP unos 3 millones de euros.

CUENTAS EN 2008-2009

Aproximadamente siete de cada diez euros que gestionan los partidos políticos son deuda (el 67% de los recursos de los que disponen). El año pasado, las formaciones declararon recursos por valor de 66,6 millones de euros en las pasadas elecciones generales de 2008, de los que 44,6 millones correspondían a créditos bancarios, según el informe del Tribunal de Cuentas aprobado en marzo de 2009, en el que se fiscalizan las cuentas de los partidos que se presentaron a las elecciones generales del 9 de marzo de 2008.

Los partidos con un mayor endeudamiento son los dos mayoritarios (16,9 millones de euros deben los populares, mientras que la deuda de los socialistas asciende a 14,2 millones de euros).

Según el informe del Tribunal de Cuentas, sólo dos partidos políticos declararon haber recibido aportaciones privadas: Unión, Progreso y Democracia (UpyD) e IU. En este sentido, la ley obliga a declarar cualquier donativo que supere los 6.000 euros (anteriormente a 2006 se permitía hasta 60.000 euros). El límite de donación por persona física o jurídica es de 100.000 euros al año en el caso de los partidos, y 150.000 para las fundaciones vinculados a éstos.

En general, todas las formaciones cumplieron con las normas legales en 2008, salvo irregularidades menores y que estaban relacionadas con pagos fuera de plazo o la forma de abonar determinados gastos electorales.

CIFRAS EN 2008:

PP - Sus recursos ascendieron a 22,5 millones de los que 16,9 eran deuda. El gasto de los populares alcanzó los 15,5 millones de euros. Dedicó 8 millones de euros al envío de propaganda electoral en las elecciones generales.

PSOE - Sus fondos alcanzaron los 19 millones, mientras que su deuda superaba los 14 millones de euros. Gastaron 13 millones de euros y destinaron 6,2 millones al envío de propaganda.

IU - Con recursos cuatro veces inferior a los del PP y tres veces por debajo del PSOE, su endeudamiento asciende a la mitad de sus fondos.

Por otro lado, si hablamos de las elecciones generales de 2009, los políticos siguieron cometiendo irregularidades, si bien el Tribunal de Cuentas calificaba en su informe que "salvo cuestiones puntuales, no se han detectado deficiencias de relevancia ". En general, los partidos gastaron 36,47 millones de euros, un gasto que muchos califican de "exagerado" si se tiene en cuenta que sólo fue a votar el 45% de la población. Tres de cada cuatro euros de esta campaña fueron gastados por los dos partidos mayoritarios: PSOE y PP.

De los 36,47 millones de euros, 22,6 millones correspondieron a créditos bancarios, 8,2 millones se cubrieron con anticipos electorales del Estado y 5,7 con las aportaciones de los partidos. Según el Tribunal de Cuentas no hubo grandes irregularidades, ya que ningún partido superó los techos de gastos legalmente establecidos. El PSOE declaró haber gastado 13,84 millones de euros, mientras que el PP movilizó 13,27 millones de euros.

En el año 2008, en plena crisis, y con el grifo de los créditos cerrado para la mayoría de los ciudadanos, PP, PSOE e IU lograron disparar sus créditos en un 4%, hasta alcanzar los 58,6 millones de euros.

Por otra parte, la principal financiación por parte de las cajas procede de La Caixa. El PSOE ha recibido de ella 10,8 millones de euros, IU un total de 8,4 millones y los populares 2,2 millones de euros.

 




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