Dossier: El caso de los ERE y la Junta de Andalucía
 
España | SEVILLA | SEVILLA
 
03/08/2011 • 

La trama de prejubilaciones fraudulentas de familiares, conocidos y miembros del partido socialista andaluz saltó a la actualidad tras encontrarse 182 irregularidades en los ERE actualmente subvencionados por la Consejería de Empleo. La Junta cifra el dinero malversado en nueve millones de euros de un fondo de 647 millones destinado a ayudar a las empresas andaluzas en crisis. La juez del caso ha solicitado investigar también los ERE ya pagados y otros 87 millones de euros del fondo concedidos a ayuntamientos y otras entidades.


El Juzgado de Instrucción número seis de Sevilla investiga los presuntos fraudes en los expedientes de regulación de empleo (ERE) pagados con un fondo de 647 millones de euros de la Consejería de Empleo. La Junta de Andalucía ha detectado 111 irregularidades administrativas y 72 personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas entre las cerca de 6.000 pólizas de prejubilación que actualmente reciben financiación pública.

El proceso surgió a partir de dos casos de falsas prejubilaciones detectados durante las investigaciones judiciales a Mercasevilla. Uno de los expedientes investigados recibió financiación de la Junta de Andalucía y la juez Mercedes Alaya abrió entonces la instrucción del proceso de los ERE andaluces.

La fórmula de concesión de las ayudas pactada en 2001 entre la Consejería de Empleo y el IFA autorizaba al entonces director general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, a disponer libremente del fondo de 647 millones de euros para las empresas en crisis. La investigación reveló que en 2005, 2006 y 2007 la Intervención General de Hacienda emitió informes de advertencia sobre la incompatibilidad de esta fórmula con la ley fiscal.

La Junta rechazó crear una comisión de investigación en el Parlamento autonómico y encargó a la Consejería abrir una investigación interna de los 68 expedientes de ayudas actualmente en concesión aprobados entre 2003 y 2010. En ella se detectaron 183 irregularidades, de las cuales 72 corresponden a personas incluidas en las pólizas de prejubilación de empresas con las que no tenían relación y 111 a “irregularidades administrativas”.

Entre los 29 imputados hasta ahora en la trama  se encuentran el ex director general de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero y el “conseguidor” Juan Lanzas. También están imputados el director general de Mercasevilla, Fernando Mellet, el ex consejero de Empleo Antonio Fernández y el ex delegado de Empleo en Sevilla Antonio Rivas

Entre las personas introducidas ilegalmente como trabajadores o “intrusos” están los socialistas Juan Rodríguez Cordobés, ex delegado de la Junta en Sevilla; Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso, y Antonio Garrido, miembro de la ejecutiva del PSOE de Baeza, así como familiares y conocidos de otros implicados.

Los primeros expedientes con intrusos que se dieron a conocer corresponden, entre otras, a las empresas Río Grande, Cash Lepe, Calderinox, Bonpunt, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Springer Arteferro y Germans. En otro auto judicial se han añadido sociedades como Sos Cuétara, Egmasa, Nexprom, Roc Flamingo, Intesur, Primayor, Acyco Sal, Matadero de Fuenteovejuna y Manufactura Española del Corcho, hasta llegar a un total de 42 empresas implicadas.

La juez titular del juzgado número 6 de Sevilla ha solicitado también la investigación de los otros 190 ERE ya pagados y las actas de todas las sesiones de la Junta de Gobierno desde 2001 hasta la actualidad.

La fórmula de concesión de las ayudas forma parte de las diligencias, aunque la Junta ya ha publicado una nueva normativa que establece mayor control  y reactiva los pagos bloqueados por la investigación a los trabajadores legalmente jubilados.





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