Dossier: Facturas falsas en el Ayuntamiento de Sevilla
 
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27/09/2010 • Entre finales de 2002 y principios de 2003 el constructor José Pardo presentó al Ayuntamiento de Sevilla varias facturas por trabajos urbanísticos en el distrito Macarena que no habían sido realizados o que lo habían sido sólo parcialmente. El secretario del distrito, José Marín, permitió el cobro de los importes añadiendo el nombre de Pardo en los cheques, pese a que no podía actuar como representante de la empresa constructora. Cinco años más tarde Marín ingresó en prisión mientras Pardo se plantea recurrir al Tribunal Supremo la sentencia que condenó a ambos por falsificación de documento público y malversación.

El caso de las facturas falsas del Ayuntamiento de Sevilla se inició en 2005, cuando el Partido Andalucista (PA) denunció que la empresa Contratas y Obras Sevilla S.L. (COS) había cobrado varias facturas por trabajos urbanísticos en el distrito Macarena que nunca habían llegado a ejecutar.

El juicio determinó que el constructor José Pardo García, antiguo socio de Juan Guerra, cobró dos facturas por la demolición de unos módulos sin haber realizado el trabajo, así como otras cuatro por obras parcialmente realizadas. Los cheques, emitidos por el municipio en 2002 y 2003, fueron autorizados por el ex secretario del distrito José Marín Rodríguez, quien permitió que Pardo cobrase un total de 10.611,84 euros pese a saber que la empresa constructora había cesado su actividad.

En 2008 la Audiencia Provincial de Sevilla condenó a ambos a varios años de cárcel y al pago de una multa por malversación de fondos públicos y falsedad documental. Los dos recurrieron sin éxito la sentencia y Marín ingresó en prisión, mientras que Pardo ha anunciado que recurrirá al Tribunal Constitucional o solicitará el indulto.

Además de la dimisión de Marín, el caso de las facturas falsas en La Macarena originó la dimisión y salida del PSOE del concejal del distrito José Antonio García y la investigación de una decena de empresas constructoras que obtenían la mayor parte de las adjudicaciones de la zona.

EL INICIO DEL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS DEL DISTRITO MACARENA

El 9 de marzo de 2005 los concejales del Partido Andalucista (PA) Paola Vivancos y Rafael Carmona denunciaron los delitos de malversación, falsedad documental y fraude en el expediente que justificaba los 600.000 euros “para gastos de funcionamiento” transferidos por el municipio al distrito Macarena el 7 de mayo de 2003.

Según Diario de Sevilla, Carmona sostenía que el dinero había sido utilizado “para conseguir adeptos al PSOE en las elecciones municipales” que se celebraron a finales de mayo de 2003. Sin embargo, el proceso judicial se limitó a establecer la veracidad o no de los documentos investigados y a condenar a los responsables del fraude.

En particular, se detectaron irregularidades en 28 facturas por obras menores de carácter urgente realizadas en el distrito Macarena. Las facturas, que sumaban unos 50.000 euros, habían sido cobradas a principios de mayo por el contratista José Pardo, quien también trabajaba como escolta en los mítines del PSOE durante la campaña de las municipales de 2003.

El caso adquirió relevancia pública cuando el fundador de una pro hermandad de San Diego afirmó en una entrevista al diario Libertad Digital, que él mismo había desmontado la choza que figuraba como derribada por la empresa Contratas y Obras Sevilla S.L. (COS) en las facturas del municipio.

Así, la Fiscalía de Sevilla presentó una denuncia contra el concejal del distrito Macarena, José Antonio García; el ex secretario del distrito, José Marín; los militantes del PSOE y colaboradores del distrito Manuel Portela y Antonio Pazos, y contra el empresario José Pardo, así como contra uno de sus socios en COS, Jesús Barrera. José Antonio García y su director de área, José Marín, presentaron sus dimisiones el 19 de marzo de 2005. De todos ellos, sólo Pardo y Marín llegaron a la fase final del juicio.

LOS TRABAJOS NO REALIZADOS EN EL DISTRITO MACARENA 

Durante el proceso, las 28 facturas inicialmente cuestionadas fueron reduciéndose a seis. Dos de ellas por trabajos no ejecutados y cuatro por obras parcialmente realizadas, ya que los peritos (dos propuestos por el juzgado y otros dos pertenecientes a la Intervención Municipal y a la Gerencia de Urbanismo, respectivamente) no pudieron confirmar las demás a causa de trabajos posteriores sobre las mismas zonas.

En la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla se especifica que las obras que no se ejecutaron corresponden a la demolición de unos módulos en Barriada San Diego y en Barriada de las Almenas, que no se derribaron pese a que la empresa se presentó dos veces en el lugar, y a la construcción de dos pasos de minusválidos por valor de 1.788,77 euros que debían haber sido construidos en al calle Perafán de Ribera. Según la declaración de Pardo, la oposición vecinal impidió la ejecución del primer trabajo, por lo que justificó la factura de 4.796,08 euros como gastos derivados del traslado de la maquinaria, la adquisición de albero y los honorarios de los trabajadores.

Las obras que se llevaron a cabo de forma parcial se realizaron en las calles Doctor Berraquer, Maese Pérez, Maracaibo y Perafán de Ribera. La mayoría de estos trabajos consistían en instalar pivotes de hierro en diferentes calles del distrito y en todos los casos, según el juez, Pardo cobró por más pivotes de los que realmente colocó. En total, las facturas presentadas por Pardo y pagadas por el Ayuntamiento ascendieron a 10.611,84 euros.

LA EMPRESA DE JOSÉ PARDO Y LAS ADJUDICACIONES

En febrero de 2001 José Pardo constituyó junto con tres socios la compañía mercantil Contratas y Obras Sevilla S.L. con un capital de 3.000 euros. Según la Fiscalía, la empresa comenzó a realizar obras para el Ayuntamiento de Sevilla y José Pardo buscó la adjudicación de obras menores de carácter urgente inferiores a 2.400 euros, ya que se abordaban a petición de asociaciones de vecinos y no requerían expedientes de concurso para la adjudicación.

La petición de los vecinos era aprobada por el entonces secretario del distrito Macarena, José Marín, y, según la acusación, Pardo lograba las adjudicaciones gracias al “conocimiento personal que había adquirido a través del partido político al que pertenecía respecto de los funcionarios acusados que detentaban cierto poder de decisión dentro del distrito". Después, el empresario presentaba la correspondiente factura y recibía un cheque nominativo expedido por el entonces concejal del distrito, José Antonio García, a pesar de que la empresa había finalizado su actividad en 2002.

Durante el juicio García admitió que cuando el importe de las obras superaba los 2.400 euros el distrito no podía adjudicarlas directamente sino que era necesario un concurso sometido al control de la Intervención, por lo que era práctica común fraccionar el importe total en varias facturas para acelerar los trabajos. En su declaración, José Marín también confirmó que este sistema estaba implantado en el distrito Macarena "desde tiempo inmemorial”.

Dado que no existían expedientes sobre las adjudicaciones, durante el proceso no se pudo conocer el sistema de trabajo. El ex responsable José Marín indicó que cuando una asociación solicitaba la realización de una obra se pedían "siempre" tres presupuestos de las "ocho o diez empresas" que trabajaban con frecuencia para el distrito y de esas tres se elegía la que debía realizar la obra en concreto. "Todas las obras no se daban a Pardo, no había ningún trato de favor a la empresa Contratas y Obras de Sevilla", declaró José Marín, que aseguró que él visitó personalmente "muy pocas obras" ya que ésa no era su función.

LA FALSIFICACIÓN DE LOS DOCUMENTOS DEL CASO

El tribunal consideró probado que Pardo confeccionó falsos impresos de presupuesto y de facturación de la compañía COS cuando ésta ya no ejercía sus actividades. De esta forma, Pardo presentó y cobró 28 facturas de obras que según el administrador único de la empresa, David Velázquez, nunca llegaron a figurar en los libros de contabilidad.

La sentencia también se basó en las fotocopias de los cheques que Marín envió a la intervención municipal. En ellos sólo figuraba el nombre de la compañía en anagrama (COS) como persona acreedora, a excepción de tres talones que sí portaban el nombre de José Pardo. Tras haber sido firmados por el concejal del distrito, José Marín escribió el nombre completo de José Pardo García en los cheques originales, de manera que el contratista pudiera cobrarlos en una entidad bancaria sin poseer el poder de representación de la empresa.

FACTURAS DUPLICADAS

Por otra parte, la Fiscalía consideraba que algunas de las facturas presentadas eran una solicitud de pago por el mismo concepto con el fin de embolsarse el dinero. Entre las supuestas facturas duplicadas se incluía la de los módulos de San Diego, la única que los imputados del caso admitían como falsa, que también aparecía como orden de demolición de unos módulos en Barriada de las Almenas.

La explicación de Pardo para la existencia de cobros por conceptos muy similares fue que al superar el importe máximo permitido para un expediente de obra menor, el coste del trabajo se dividía en dos facturas.

A causa de las dudas suscitadas por el informe de los peritos, en el que no quedaba claro si se trataba de la misma obra dividida en varias partes o de una con doble factura, el teniente fiscal del caso, Antonio Ocaña, retiró de la acusación las facturas duplicadas.

EXCULPADOS Y RETRASOS EN EL JUICIO POR LAS FACTURAS FALSAS DEL AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

El juez Francisco Gutiérrez López decidió apartar del proceso, por falta de pruebas y justo antes de que se emitiese el veredicto, al colaborador del distrito Manuel Portela Alcántara. Portela, militante del PSOE y colaborador municipal encargado de supervisar la conclusión de las obras en el distrito Macarena, resultó exculpado al invocar el juez la facultad que le confiere el artículo 49 de la ley del Jurado, llamada “doctrina Botín", que impide a la acción popular sustentar una acción penal si no lo hace junto con el fiscal o la acusación particular.
El fiscal consideró que el ex concejal del distrito Macarena del Ayuntamiento de Sevilla José Antonio García tampoco había incurrido en delito alguno. El Ministerio Público afirmó que no estaba acreditado que García "tuviera conocimiento de que se estaban satisfaciendo indebidamente ciertas obras", al limitarse a firmar los cheques que le pasaba José Marín.
Por su parte, el Ayuntamiento de Sevilla no acusó a ninguno de los imputados, sino que solicitó que se devolviesen las cantidades pagadas indebidamente, que en la fase de instrucción fueron cuantificadas en 20.254 euros y posteriormente se redujeron a 5.901 euros.
La cifra inicial de 20.254 euros coincide con la que, según Marín, su abogado había negociado con el fiscal como pago al Ayuntamiento de Sevilla a cambio de una rebaja de su condena a dos años de cárcel, lo que le permitiría evitar la prisión. José Marín aseguró desconocer estas negociaciones y anunció que la falta de confianza en su abogado le obligaba a renunciar a él. En consecuencia, el proceso quedó suspendido durante cinco meses, retomándose en febrero de 2009.

SENTENCIA DE LA AUDIENCIA PROVINCIAL DE SEVILLA EN EL CASO DE LAS FACTURAS FALSAS

La Audiencia Provincial de Sevilla condenó a cuatro años y tres meses de prisión al ex secretario del distrito Macarena, José Marín Rodríguez, como autor de un delito de malversación de caudales públicos y otro de falsedad en documento oficial por el caso de las facturas falsas del distrito Macarena.

La sentencia condenó también al empresario José Pardo a tres años y nueve meses de cárcel por un delito continuado de falsedad de documento oficial y como cooperador necesario de la malversación del ex secretario del distrito.

El fallo, dictado una semana después de que un jurado popular declarara culpables a los dos acusados, decretó además seis años de inhabilitación absoluta para Marín y cuatro para Pardo, así como multas de 2.400 y 2.160 euros respectivamente. Los dos acusados fueron condenados también a devolver al Ayuntamiento de Sevilla los 5.901 euros que Pardo cobró por obras que su empresa nunca ejecutó y pagar las dos quintas partes de las costas procesales (22.958 euros cada uno).

El juez Francisco Rodríguez consideró probado que José Pardo presentó en el distrito Macarena facturas para el cobro de seis obras supuestamente realizadas entre finales de 2002 y principios de 2003, "pese a conocer que éstas no se habían ejecutado o lo habían sido sólo parcialmente" con el objetivo de obtener "más dinero del que le correspondería por las obras realmente realizadas".

Según el juez, al firmar las facturas, Pardo actuaba "aparentando que lo hacía" por cuenta de la empresa Contratas y Obras de Sevilla (COS), pese a que sabía que esta empresa, de la que fue socio fundador, había cesado su actividad en 2002. El magistrado considera que Marín "conscientemente permitió" que Pardo cobrara sabiendo que las obras no habían sido ejecutadas y que el empresario no podía actuar en nombre de COS.

Ambos acusados presentaron un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que los rechazó y confirmó el fallo de la Audiencia sevillana. Tras ello, los condenados recurrieron al Tribunal Supremo, que también rechazó el recurso contra la sentencia de la Audiencia y contra la posterior ratificación del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y confirmó de nuevo las condenas de cuatro años y tres meses para Marín y tres años y tres meses para Pardo por la trama utilizada para el cobro de obras no realizadas en el distrito Macarena.

INGRESOS EN PRISIÓN Y RECURSOS

El 7 de abril de 2010, un día antes de lo establecido por la Audiencia provincial de Sevilla, el ex secretario del distrito Macarena José Marín ingresó de forma voluntaria en la prisión de Sevilla-1. El abogado de Marín, José María del Nido, indicó al diario ABC que está valorando la posibilidad de presentar un recurso de amparo al Tribunal Constitucional o de promover ante el Ministerio de Justicia un indulto para su cliente.

Por su parte, el también condenado José Pardo ha solicitado a la Audiencia provincial de Sevilla que la pena de 21 meses le sea conmutada por una multa, de manera que sólo tendría que cumplir dos años de cárcel por el delito de malversación. Con este recurso el empresario ha logrado eludir su ingreso en prisión, ya que la Sección Cuarta de la Audiencia tendrá que resolverlo, previo informe del Ministerio Fiscal. El letrado Javier Prados también anunció que en caso de que esta solicitud le sea denegada, su cliente está dispuesto a llegar hasta el Tribunal Constitucional, lo que también implicaría un nuevo retraso de su entrada en la cárcel.

REACCIONES DEL PARTIDO PSOE

El PSOE dio por "cerrado desde el punto de vista político" el caso de las facturas falsas con las dimisiones de Marín, Portela y Pazos. Sin embargo, el alcalde de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, anunció la creación de una comisión de investigación sobre las facturas falsas del distrito Macarena, que además revisase los pagos de todos los distritos municipales en los últimos diez años.

El diario El País publicó en 2009 que la comisión de investigación creada por el Ayuntamiento “quitó hierro a las irregularidades en Macarena al considerarlas malas prácticas generalizadas".

PÉREZ QUIROGA, Maria Ester




Implicado
Mostrar resumen   GARCÍA,José Antonio
Mostrar resumen   PORTELA ALCÁNTARA,Manuel
Mostrar resumen   CONTRATAS Y OBRAS SEVILLA S.L.
Referencias
Mostrar resumen   SÁNCHEZ MONTESEIRÍN,Alfredo
Denunciante
Mostrar resumen   CARMONA,Rafael
Mostrar resumen   VIVANCOS,Paola
Mostrar resumen   PARTIDO ANDALUCISTA
Sentenciado
Mostrar resumen   MARÍN RODRÍGUEZ,José
Mostrar resumen   PARDO GARCÍA,José

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