Dossier: Caso RINLO
 
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01/08/2004 • La polémica que comenzó a finales del 2004 en Rinlo (Ribadeo), por la construcción de la primera de las piscifactorías del plan sectorial de acuicultura en terrenos protegidos por la Red Natura 2000 de la Unión Europea, sigue vigente. Cinco años después de la primera denuncia, el caso tiene sentencias pendientes y un largo camino recorrido en cuanto a batallas judiciales.

La Red Natura fue creada por la Unión Europea para proteger los espacios naturales más importantes del continente. Sin embargo, el sector acuícola planeaba en el 2005 la creación de más de 20 piscifactorías a lo largo del litoral de Galicia, once de ellas en terrenos que la Consellería de Medio Ambiente había incluido dentro de esa red.

2004

En agosto del 2004, la asociación ecologista ADEGA (Asociación para la defensa ecológica de Galicia) presentó las primeras alegaciones al Estudio de Impacto Ambiental para la instalación de una piscifactoría de la empresa Acuinor, un proyecto que había sido rechazado dos veces en Asturias por afectar también un espacio de la Red Natura. Acuinor estaba presidida por Ramón Álvarez Cascos, hermano del político del PP y ex ministro de Fomento Francisco Álvarez Cascos.

2005

En el 2005, el último Gobierno de Manuel Fraga (PP) a través del Consello de la Xunta de Galicia en funciones (del que era vicepresidente el actual presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, también del PP) autorizó la creación de 21 piscifactorías en la costa, una de ellas, la de Rinlo. Estaba previsto que esta planta fuera ubicada en la zona LIC (Lugar de Importancia Comunitaria) de «As Catedrais». Fue José Manuel Álvarez-Campana, actual presidente de Portos de Galicia y que en ese entonces era Director Xeral de Calidade e Avaliación Ambiental, quien firmó la declaración favorable de impacto de las obras de Acuinor.

La presión e intervención directa de ADEGA logró que las máquinas dejaran de trabajar apenas iniciado el proceso de construcción de la instalación, de 42.000 metros cuadrados y destinada a la cría de entre 15.000 y 20.000 pulpos. Acuinor denunció entonces a 12 miembros del colectivo por coacción.

ADEGA insistió durante meses en que la legislación europea estaba clara. «La UE sacó una guía de interpretación de la directiva que rige la Red Natura en la que dice que sólo se autorizaran construcciones por razón de interés público de primer orden y que habrá que consultar a Bruselas», explicó en su momento el secretario xeral de ADEGA, Daniel Vispo. La asociación denunció entonces ante la Comisión Europea la situación de Rinlo. En la denuncia se explicaba que para la aprobación de las plantas fue necesario modificar previamente, en diciembre del 2004, la ley del suelo, que prohibía las construcciones en la costa, pero se hizo una excepción para las explotaciones acuícolas.

2006

En el 2006, ADEGA logró la paralización cautelar de las obras, ordenada por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia.

Una de las características más contradictorias de este caso, es que el mismo organismo que determina los lugares que deben ser protegidos, fue el que autorizó la obra de la piscifactoría. Además, el Consello otorgó la licencia sin esperar a que la Consejería de Pesca concediera el permiso de explotación. «Si no tienen voluntad de salvaguardar los valores ecológicos de una zona no deberían declararla como protegida», manifestó Vispo, quien denunció a los medios de comunicación que las zonas protegidas son un caldo de cultivo para que se cometan delitos de especulación: «Los terrenos incluidos en esta red pierden todo su valor ya que sus propietarios no pueden construir en ellos ni instalar ningún negocio, sin embargo, se les conceden autorizaciones a ciertas empresas que así consiguen el suelo a muy bajo precio».

ADEGA denunció entonces por la vía de lo contencioso administrativo la resolución de la Xunta que aprobaba la construcción de la planta.

ABSOLUCIÓN DE LOS 12 ECOLOGISTAS

En enero del 2006, la Audiencia Provincial de Lugo acordó por la vía de la apelación absolver a los 12 miembros de ADEGA que en octubre del 2005 habían sido condenados, por sendos delitos de coacción, por el Juzgado de Instrucción y Primera Instancia de Mondoñedo al pago de una multa de 90 euros cada uno y de una indemnización a Ramón Álvarez Cascos de 12.263,5 euros, tras la denuncia interpuesta por la empresa presidida por este. El tribunal también desestimó la demanda de indemnización que solicitaba 30.000 euros.

El fallo reconoció que los ecologistas en ningún momento tuvieron intención de ir contra los intereses de Acuinor, sino que su objetivo era defender un espacio natural que la legislación y la administración reconocían como un espacio protegido.

2007

El caso no solo ha tenido activa la vertiente judicial, sino también la social. Pese a las múltiples críticas recibidas, también había quienes estaban a favor de la planta. En mayo del 2007 la asociación de vecinos O Cantal remitió un escrito a once altos cargos de la Xunta, reclamando una respuesta sobre el futuro de la piscifactoría. «Llevamos casi dos años con la incertidumbre de no tener una solución», afirmaba el colectivo. O Cantal recordó que el 28 de mayo del 2005, su asociación aprobó el proyecto de Acuinor con casi 90% de los votos de los socios reunidos en una asamblea porque «vemos la posibilidad de que los puestos de trabajo que se generarían, permitirán la subsistencia de una gran cantidad de familias, directa o indirectamente».

Por otra parte, en octubre de este mismo año la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea archivó el expediente abierto a raíz de la denuncia de ADEGA del 2005 «porque no procede o no se deduce del expediente que se incumpla la normativa europea» y no hay «ningún indicio de infracción a ninguna directiva ambiental en este caso concreto». El archivo de la causa se produjo cuando la Xunta informó de que se movería 400 metros la instalación de la planta.

2009

DENUNCIA CONTRA RAMÓN ÁLVAREZ CASCOS

ADEGA interpuso en el 2009, ante el juzgado de instrucción de Lugo, una denuncia contra Ramón Álvarez Cascos por un delito de amenazas y coacciones. La asociación denunció que Álvarez Cascos envió un mensaje de texto desde su teléfono móvil a la presidenta de ADEGA-Lugo, Monserrat Lombardía, con el texto: «Se os acabó el chollo», tras conocerse los resultados de las elecciones gallegas del 1 de marzo, que ganó el Partido Popular. Al día siguiente de la recepción del mensaje, Lombardía comprobó en la base de datos de la asociación que el teléfono pertenecía a Álvarez Cascos, lo que provocó que la sorpresa fuera «aún mayor», según aseguró en una rueda de prensa ofrecida para dar a conocer la denuncia.

La presidenta de ADEGA, Adela Figueroa, afirmó que el mensaje tenía «una clara intención intimidatoria», justificada en el hecho de que en ese momento continuaba el litigio judicial. Figueroa añadió que el envío del mensaje, cuando ya se conocía el triunfo del PPdeG, podía «dar a entender» el inicio de una «nueva era», en la que Acuinor gozaría, presuntamente, de ventajas administrativas y judiciales por ser el Gobierno autonómico afín a sus intereses.

SENTENCIA

En octubre del 2009, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) anuló, tras la denuncias de ADEGA, la declaración de impacto ambiental de la piscifactoría y la concesión de las licencias de obra y actividad del Ayuntamiento de Ribadeo. El fallo de la sala de lo contencioso-administrativo del TSXG, anuló, por ser contraria a derecho, la referida declaración de impacto ambiental debido a que la ejecución del proyecto de piscifactoría comportaba una «afección significativa sobre el estado de conservación de dos hábitats prioritarios de la Red Natura», así como una «fragmentación del espacio natural protegido», de tal forma que existía «una potencialidad de generar un daño ambiental irreversible».

Según la sentencia, la declaración de impacto ambiental no observó los trámites y exigencias que se disponen en la Directiva sobre Hábitats respecto a que «cualquier plan o proyecto que, sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma, pueda afectar de forma apreciable a los citados lugares». El alto tribunal también aclaró que «hay alternativas de ubicación próximas que supondrían afecciones menos significativas», atendiendo a las sugerencias del Servicio de Conservación de la Naturaleza y del Instituto de Biodiversidade Agraria e Desenvolvemento Rural.

Álvarez Cascos recordó, apenas se hizo pública la sentencia, que las entidades afectadas por el fallo eran la Xunta y el Concello: «Acuinor es simplemente el receptor de una serie de permisos, licencias y autorizaciones que son concedidas por la Administración autonómica o local que gozan, en principio, de la presunción de validez absoluta, por ser actos administrativos legales y conforme a derecho».

RELEVANCIA DE LA SENTENCIA

«Es una sentencia histórica para el ecologismo y la sociedad gallega», manifestó Apolinar Gómez Roca, abogado de ADEGA, al conocerse el fallo. La relevancia radica en que por primera vez España aplicó la Directiva de Hábitats de 1992, relativa a la preservación de los hábitats naturales y de la flora y fauna salvajes y una de las primeras directivas europeas para proteger la naturaleza. Así, los argumentos esgrimidos en la sentencia son extrapolables a otros proyectos que también podrían ser objeto de una tramitación ambiental no ajustada a la legislación. La Directiva de Hábitats es clara en que solo se permitirán en una zona de hábitats prioritarios actividades relacionadas con la seguridad o la salud pública, consideradas razones urgentes de primer orden.

PETICIÓN DE INDEMNIZACIÓN

Debido a los constantes embates legales y a la presión social, la empresa Acuinor desistió de ejecutar el proyecto en el 2006. Pero en el 2009, presentó una reclamación patrimonial por daños y perjuicios contra la Xunta en la que solicitaba 8,2 millones de euros por paralizar y suspender el proyecto, una cifra que Acuinor calcula por la inversión realizada y el lucro cesante. En la vía administrativa se superó el plazo de seis meses sin que la Xunta contestase a la demanda, así que el caso pasó a manos del TSXG. «Esperamos que en dos o tres meses se haga el aporte de pruebas y documentación y que en un par de años se dicte sentencia», dijo Álvarez Cascos, quien explicó el motivo de la reclamación: «Había un plan sectorial en base al cual en el año 2005 conseguimos las licencias para hacer la piscifactoría de Rinlo. Pero se presentaron recursos y el plan fue revisado, suspendiendo todos los proyectos». Luego vino la sentencia del TSXG y «ahora la Xunta está pendiente de cómo se resuelve su apelación. En medio de este proceso en agosto del 2008 la Xunta aprobó un nuevo plan sectorial que nos obligaba a replantear la piscifactoría retrasándola unos 400 metros. Es decir, no hay ninguna seguridad jurídica sobre el plan acuícola que se va a aplicar».

Así las cosas, Álvarez Cascos restó importancia al hecho de que se dictasen nuevas resoluciones judiciales. Según explicó, la sentencia por la cual ADEGA ganó el juicio en el TSXG en el que se anula el primer proyecto sectorial «refuerza nuestra solicitud de indemnización, porque si la Administración me da una licencia y después el juez dice que está mal, razón de más para que nos indemnicen por habernos dado una licencia que no podían».

2010

En abril del 2010 el fiscal especializado en la defensa del medio ambiente del TSXG presentó una denuncia penal contra José Manuel Álvarez-Campana, actual presidente de Portos de Galicia, por haber aprobado en el 2005 la declaración de impacto ambiental favorable al proyecto de la piscifactoría. En su denuncia, la fiscalía le imputa los delitos de prevaricación urbanística y ambiental por autorizar la instalación de la planta en la Red Natura atendiendo a «intereses económicos ajenos». Esta es la primera intervención judicial por la vía penal para depurar responsabilidades de altos cargos del último gobierno de Fraga. Álvarez-Campana prestó declaración el 3 de mayo del 2010 en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de Santiago como imputado.

El fiscal había abierto diligencias a la vista de un escrito presentado por ADEGA y teniendo en cuenta la sentencia del 2009. Así, se dio a la tarea de realizar un estudio exhaustivo de la normativa medioambiental infringida y llegó a la conclusión de que Álvarez-Campana «con la finalidad de impedir el control de las instituciones comunitarias (...) no consultó a la Comisión Europea», pese a ser preceptivo, con lo que antepuso «los criterios comerciales a los medioambientales». El problema de la piscifactoría no era estar en la Red Natura, sino afectar a hábitats prioritarios dentro de ella, lo que está prohibido por la UE».

Ante esta denuncia, Álvarez-Campana se defendió diciendo que él firmó un mero «informe, un acto de trámite que no autorizaba la construcción de la planta», dado que la autorización final era competencia de la directora general de Recursos Mariños.

A septiembre del 2010, continúan pendientes de resolución por parte de las autoridades judiciales la denuncia de ADEGA contra Álvarez Cascos, la del Fiscal contra Álvarez-Campana y la de Acuinor contra la Xunta pidiendo una indemnización.

REACCIONES

Al conocerse la denuncia a Álvarez-Campana, el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, se mostró «tranquilo» y pidió «investigar a fondo y con contundencia en cualquier denuncia que se presente, pero por supuesto preservando las garantías del Estado de derecho y de cualquier persona a defenderse». Feijóo en todo caso, consideró que la denuncia –que inició un proceso judicial que podría tardar años en resolverse- no tendrá ninguna incidencia en los planes que tiene la Xunta para que se construyan más piscifactorías a lo largo de la costa gallega. «La administración de justicia tiene que dictar resoluciones conforme a derecho y nosotros lo que haremos es actuar en la acuicultura conforme a derecho. Es posible legalmente hacer plantas acuícolas en Red Natura. Vamos a cumplir la legislación europea. Si ahora hay un fiscal que considera que debe ponerla en conocimiento del juez, que lo haga, que cumpla con su obligación. Y nosotros cumpliremos con las nuestras», aseveró el presidente gallego.
 
Por: Nerea SALAZAR



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