Dossier: Caso Gondomar
 
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14/02/2007 • “El juicio del caso Gondomar marcará un antes y un después” en las investigaciones de corrupción urbanística. Así lo manifestó en junio del 2010 el fiscal provincial de Pontevedra, Juan Carlos Aladro, tras la condena a tres ex ediles del PP por sobornar a empresas constructoras a cambio de incluir convenios urbanísticos en el Plan General de Ordenación Municipal, una trama que se destapó en el 2007 con la denuncia de uno de los extorsionados.

La corrupción urbanística es quizá uno de los delitos más comunes en España, y de los que más papeles acumulan en los juzgados.  Y Galicia, por supuesto, no es la excepción. El municipio de Gondomar, en la provincia de Pontevedra, que cuenta con unos 13.000 habitantes, ha sido uno de los últimos en experimentar una condena por delitos de este tipo.

Los condenados son José Luis Mosquera, ex portavoz municipal del PP y ex edil de Cultura, por tres delitos de cohecho; Alejandro Gómez, ex edil de Urbanismo también por tres delitos de cohecho, y el arquitecto vigués Borja Ramilo, condenado como coautor de los hechos ya que actuó como intermediario entre los promotores y los concejales. Belén Fernández, novia de Mosquera, estuvo imputada pero finalmente el fiscal retiró las acusaciones.

La trama se destapó a inicios del 2007, cuando un constructor de Vigo, de la promotora A Pousa S.L. denunció ante la Guardia Civil que estaba siendo extorsionado por dos concejales del Partido Popular del Ayuntamiento de Gondomar para que les diera dinero a cambio de una licencia municipal.

Una vez interpuesta la denuncia, el titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Vigo autorizó la grabación con un micrófono y una cámara de vídeo ocultos la cita en la que se acordó una de las mordidas con el arquitecto, y otra en la que se entregó el primero de los pagos, mientras que la policía judicial pinchaba las llamadas de los sospechosos. Estas grabaciones fueron las principales pruebas, a pesar de que los abogados defensores de los acusados intentaron, sin éxito y en la menos seis ocasiones, anularlas, al entender que fueron obtenidas de manera ilegal.

El 14 de febrero del 2007, actuando como cebo, el promotor entregó 60.000 euros al concejal de Cultura, José Luis Mosquera, en la cafetería de un hotel de Vigo. Inmediatamente, la policía ingresó en el local y arrestó a Mosquera y a su novia, quien llevaba el dinero en su bolso. El mismo día se produjo la detención de los otros dos implicados.

PETICIÓN DE PENAS

La fiscalía pidió inicialmente para cada edil una multa de 1.920.000 euros, además de dos años de inhabilitación. Para Fernández, una multa de 190.000 euros y tres meses sin desempeñar cargos públicos. Para Ramilo, como cómplice, 585.000 euros de multa y cinco meses de inhabilitación.

Sin embargo, el fiscal redujo la petición de penas para Mosquera y Ramilo por reconocer ambos su participación en los hechos y colaborar con la Justicia.  Así, su petición cambió a multas de 135.000 y 70.500 euros respectivamente, y suspensiones de empleo y cargo público de seis años para el primero y 15 meses para el segundo.

El caso de Gómez fue diferente. Durante todo el proceso el letrado del ex edil defendió su “absoluta inocencia” y la “falta de solvencia” de las pruebas. Sin embargo, el Fiscal también ajustó su pena solicitando para Gómez 360.000 euros por cada uno de los delitos imputados, en total  1.080.000 euros, más la suspensión de seis años de empleo.

El Fiscal retiró la acusación de cómplice para Fernández.

EL JUICIO

El juicio arrancó el 31 de mayo del 2010 con la elección de un jurado popular, en la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra, con sede en Vigo. Fue el primer juicio por corrupción urbanística con jurado popular celebrado en esta Audiencia.

En su escrito de acusación, el Fiscal aseguraba que los procesados pidieron una cantidad de 960.000 euros por apoyar tres proyectos urbanísticos en Gondomar y el pago realizado el día de las detenciones fue el primero que tenía como fin legalizar una finca de 30.000 metros cuadrados. Posteriormente, las defensas, tras reconocer los hechos, redujeron la cantidad a 540.000 euros (180.000 por cada convenio urbanístico).

Mosquera reconoció haber participado en la trama para conceder beneficios urbanísticos, pero alegó en su defensa que el dinero se destinaría a financiar las campañas del PP, especialmente el de Uruguay, y del partido local Móvete Gondomar (un partido independiente que forma, junto al PP y el PSOE, el gobierno tripartito de la localidad). Además, responsabilizó a su ex compañero Alejandro Gómez de ser el que coordinaba las operaciones.

Explicó también ante el tribunal popular que “íbamos a ayudar económicamente al partido independiente (Móvete Gondomar) y a una colonia de Montevideo, a la que cada cuatro años se le manda dinero por dar muchos votos”, con lo que “el fin primordial era político, pero el partido no sabía nada, la dirección no sabía nada y el presidente de Móvete Gondomar, tampoco”.

El defensor de Mosquera negó las acusaciones y defendió su inocencia, e insistió en que “aunque el delito no puede estar condicionado por su destino”, el dinero tenía un fin político, no personal, e involucró a Gómez al decir que entre él y su defendido “hubo un reparto de funciones”. “Alejandro era quien controlaba el asunto y me dijo que por nada del mundo se podía saber que los cobros eran para la campaña”, afirmó Mosquera.

Pero, a pesar de lo dicho por su abogado defensor de que el dinero no era para uso personal, el procesado dijo que tenía intención de quedarse con parte del dinero. “Puede que después, Alex (Gómez) y yo nos quedásemos algún dinero”, señaló. Asimismo, reiteró que no había ninguna otra persona implicada y que el Partido no sabía nada.  “Sólo lo sabíamos Alejandro, Borja y yo; ni Belén (su novia), ni el alcalde, ni los concejales del PP”.

Lo único que hice fue trabajar para intentar que todos los vecinos de Gondomar pudieran vivir en mejores condiciones. Nada más”, dijo por su parte Gómez al usar su derecho a una última intervención al final del juicio. Fue el único que durante toda la vista oral defendió su inocencia.

Borja también hizo uso de ese derecho, afirmando que su participación en los hechos se limitó a ser la de un "transmisor" entre los concejales que pedían dinero por conceder las licencias y sus clientes, los promotores. El arquitecto lamentó que lo hubieran involucrado en los hechos y juró por su mujer que jamás creyó que alguno de sus clientes fuera a acceder a pagar las mordidas. “Os juro por mi mujer que creí que Manuel Rodríguez (el cebo) iba a decir que no pagaba”. Borja se defendió diciendo que cuando el denunciante hizo de cebo y afirmó que pagaría el soborno, lo primero que él pidió fue que la transacción no se hiciera en su despacho. “En cuanto me di cuenta de que iba a haber dinero, no supe reaccionar, utilicé la táctica del avestruz: me quería desentender”, dijo.

LOS TESTIGOS

Los principales testigos fueron los socios de las tres promociones inmobiliarias extorsionadas. Durante la vista oral, fueron claros en que desde el Ayuntamiento, gobernado por el PP se les reclamó dinero para propiciar el desarrollo de sus urbanizaciones. “El arquitecto me comentó que pedían dinero”, dijo desde Valencia por videoconferencia un buscador de terrenos para grandes superficies comerciales, que en una de las llamadas intervenidas afirmó: “Vamos a colaborar, pero no ahora, que no hay nada, podemos hacer una promesa de palabra de honor, nada más”.

Un propietario de terrenos de Gondomar que planificaba un área de viviendas fue igual de claro. “Borja me dijo que había que pagar”, dijo, y aseguró que dicha exigencia le fue expresada después en persona por José Luis Mosquera. “Él quiere 30 (millones de pesetas) y ya está”, se escucha decir al arquitecto en una de las conversaciones.

La intervención de Manuel Rodríguez, el promotor vigués que denunció la extorsión, también fue crucial. Rodríguez contó con detalle al tribunal sus conversaciones con el arquitecto y con Mosquera, que fue grabado por él mismo con una cámara de vídeo instalada por la Guardia Civil en su chaqueta. En el vídeo queda más que claro el regateo, que empezó en 270.000 euros y acabó en 210.000.
 
Después de que la sala viera estas imágenes, Mosquera dijo: “Queremos ayudar a todo el mundo y como nos vamos de la política, que nos dé para pagar un poco de la hipoteca y el coche”.
 
CONDENA

El 4 de junio de 2010, el jurado popular dictaminó que la gestión pública del urbanismo de Gondomar estuvo sometida a prácticas de extorsión entre finales del 2006 y principios del 2007. Tras un día de deliberaciones, los nueve integrantes del jurado concluyeron, por unanimidad, que el edil de Urbanismo, Alejandro Gómez; el portavoz municipal del PP y edil de Cultura, José Luis Mosquera, y el arquitecto Francisco Borja Ramilo, eran los integrantes de una trama cuyo fin era conseguir 540.000 euros de tres promotoras a cambio de facilitar el desarrollo de sus convenios urbanísticos firmados con el Ayuntamiento. Así, fueron declarados culpables de cohecho.

Con respecto a la principal prueba, las escuchas telefónicas, el fiscal Juan Carlos Aladro destacó que “las investigaciones” sobre este tipo de denuncias “antes se hacían sobre el papel y ahora tienen un peso fundamental las técnicas policiales”. Aladro volvió a concluir que Mosquera «era quien daba garantías» del desarrollo de sus proyectos a los sobornados y utilizaba a Gómez, «que hacía caja porque se iba» de la corporación municipal.

El fiscal, sin embargo, hizo una manifestación que desgraciadamente la realidad desdice cada día en este país: “El cohecho no es un delito que ocurra todos los días”, dijo Aladro, “pero si yo me entero de que hubiera más, no duden de que se sentarán en el banquillo”, aseguró.

El Fiscal afirmó además de Mosquera que “mi opinión es que se estaba quedando el dinero para un piso”, pero esto “es irrelevante porque lo importante es lo que pedía”.
 
El 8 de Septiembre del 2010, la sección quinta de la Audiencia Provincial de Pontevedra en Vigo impuso para los tres condenados penas de multa que suman 675.000 € por tres delitos de cohecho y una de 67.500€ al arquietecto Borja Ramilo por su intermediación. El fiscal pedía, al inicio de la vista oral, 1,08 millones de € de multa para Gómez, 135.000€ para Mosquera y 70.500€ para Ramilo. Sin embargo, la sentencia estableció penas diferentes: 135.000€ y una suspensión de cargo público por 15 meses (cinco por delito) para el ex concejal de Cultura; 540.000€ y tres años de suspensión de cargo público para Gómez y 67.000€ de multa y 15 meses de suspensión para Ramilo.
 
El defensor de Gómez anunció que recurrirá la sentencia y se mostró sorprendido de que "la mayor pena se haya impuesto al único acusado que se defendió hasta el final, tras admitir los otros su culpabilidad al ser capturados in fraganti".

REACCIONES DESDE EL PARTIDO
 
Cuando se destapó la trama, la dirección del PP gallego descartó medidas contra los ediles. Sin embargo, rectificó y exigió a ambos renunciar.
 
Al principio del destape, el entonces secretario general del PP gallego, Alfonso Rueda, aseguró que el partido no disponía de información suficiente para adoptar ninguna decisión. “Tenemos nuestro reglamento, y no me atrevo a decir ahora mismo que haya elementos suficientes para actuar”, aseveró, e incluso apuntó a los fiscales: “Hay demasiadas actuaciones de los fiscales contra cargos públicos del PP".
 
Declaraciones semejantes realizó el entonces líder del partido, Alberto Núñez Feijóo: “Me gustaría tener la misma confianza en los fiscales, pero lo cierto es que hay algunos que no están actuando con el rigor que merece el Estado de derecho”. Así, Feijóo pidió a los fiscales que actuaran “con rigor y no por órdenes de sus superiores si no son estrictamente judiciales”, y les recomendó que no consideren “como agravante” de los delitos “la militancia en el PP”. Después, matizó diciendo que “si alguien mete la mano, tiene que tener sus responsabilidades y que caiga sobre ellos el peso de la ley”.

Tres años después, una vez dictada la sentencia y como presidente de la Xunta de Galicia, Feijoo pidió al resto de partidos que actúen “con la misma celeridad” con la que él afirma que actuó el PP al romper relaciones con los dos ediles de Gondomar.

El secretario de Organización del PSdeG, Pablo García, consideró que la sentencia constituye “una condena de todos los gallegos a Feijóo, Rueda y Louzán (Rafael, presidente de la Diputación de Pontevedra) ante la corrupción” existente en su formación política. “Tienen que asumir esta sentencia como propia. Son ellos los verdaderos destinatarios de la condena”, enfatizó el también senador socialista, quien subrayó que "nadie se puede creer" que los ex concejales fueran "los impulsores del cohecho ni los destinatarios del dinero para financiar la campaña".
 
 
SALAZAR , Nerea 

 




Implicado
Mostrar resumen   FERNANDEZ,Belén
Referencias
Mostrar resumen   GARCÍA,Pablo
Mostrar resumen   NÚÑEZ FEIJÓO,Alberto
Mostrar resumen   RUEDA,Alfonso
Condenado
Mostrar resumen   GÓMEZ,Alejandro
Mostrar resumen   LUIS MOSQUERA,José
Denunciante
Mostrar resumen   RODRÍGUEZ,Manuel
Mostrar resumen   A POUSA S.L.

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