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Dossier: Las recalificaciones urbanísticas de Camas
Las recalificaciones urbanísticas de Camas
 
DOSSIERSDELPARAISO.COM | Maria Ester PÉREZ QUIROGA | España | ANDALUCÍA | SEVILLA
 
02/11/2011 - 10:33 • El caso Camas saltó a los medios en 2005, cuando el alcalde de esta localidad sevillana, Agustín Pavón (IU), y varios concejales fueron acusados de intentar sobornar con 12.000 euros a la edil Carmen Lobo para que votara a favor de unas recalificaciones urbanísticas en varios plenos municipales. Tras la anulación de las pruebas basadas en escuchas telefónicas y la exculpación de uno de los acusados, el caso está a la espera de resolución ante un jurado popular.

El 14 de septiembre de 2005 la policía detuvo al empresario Eusebio Gaviño, al teniente de alcalde de Camas, José del Castillo (PA), y al concejal de Infraestructuras del Ayuntamiento, Antonio Enrique Fraile (PP), por el intento de soborno de la edil Carmen Lobo (IU y posteriormente Grupo Mixto). También fueron imputados el entonces alcalde de la localidad y actual coordinador local de IU-CA, Agustín Pavón (IU), y Aureliano Lucas, concejal de Castilleja de Guzmán por el PP y consejero de la asamblea general de la Caja de Ahorros El Monte en representación de su partido. 

Las denuncias y el intento de soborno

El caso se inició a partir de las denuncias del empresario Francisco Javier Gordo, amigo de Carmen Lobo y militante de IU, y la propia Lobo sobre el intento de compra de su voto por parte de miembros del Ayuntamiento de Camas para aprobar la recalificación de unos terrenos en un total de seis plenos municipales.

Según las investigaciones policiales, Aureliano Lucas llamó a Gordo a principios de junio para ponerle en contacto Eusebio Gaviño, representante de un grupo empresarial de Madrid. A finales de agosto Gaviño se reunió en su casa con Javier Gordo, los ediles Antonio Enrique Fraile y José del Castillo y el alcalde de Camas, Agustín Pavón.

Gordo grabó a escondidas el encuentro, en el que presuntamente se concretó la propuesta de Gaviño de pagar a Lobo cantidades millonarias si la edil permitía con su voto la aprobación de varios proyectos urbanísticos.

La denuncia de Gordo explica también que el empresario prometió pagar un millón de euros a cada uno de los políticos implicados, pero que era necesario convencer a la ex concejal de IU porque el grupo que gobernaba el Ayuntamiento (IU- PP- PA) no tenía mayoría absoluta desde que ella e Inmaculada Larrinaga (PP) habían dejado sus formaciones para unirse al Grupo Mixto. 

Lobo y Gaviño se encontraron el 12 se septiembre y en la transcripción de la grabación que publicó el diario El País, el empresario le prometía 1,2 millones de euros al finalizar el año y un piso en la playa a nombre de otra persona si votaba a favor en los plenos acordados. Ambos quedaron para encontrarse esa misma noche en un bar y concretar las condiciones.

Carmen Lobo acudió a este encuentro con un dispositivo para grabar proporcionado por la policía, que estaba controlando la entrega. Gaviño le dio un sobre con 12.000 euros que, según la nueva denuncia que luego puso la edil, era un anticipo de un pago mayor para que votara a favor de la recalificación de una parcela en la calle Santa María de Gracia y la venta de varias parcelas en el Polígono El Manchón que se presentaban en el pleno el día siguiente, 13 de septiembre.

Pavón considera que las diferencias de opinión sobre una sentencia por estafa contra la edil, que originó la salida de la concejal de IU, son el verdadero motivo de las denuncias presentadas.

La detención y los imputados

Lobo no votó lo pactado y denunció a las autoridades que pocos minutos después del pleno había recibido amenazas telefónicas. La policía, que había intervenido el teléfono de Gaviño el día anterior, detuvo a Gaviño y al edil del PA José del Castillo tras escuchar a este último decirle al empresario que habría que “mandarle unos gánsteres” a Carmen Lobo por no respetar lo acordado.

En su declaración judicial Gaviño afirmó que los 12.000 euros que entregó a Lobo eran de su propiedad, ya que se los había dado Manuel Macías, propietario de Geconsa, por trabajos anteriores. El empresario no desveló quienes habrían aportado las cantidades millonarias prometidas y siempre ha asegurado que el dinero era para ayudar económicamente a Francisco Gordo, con quien tenía en perspectiva proyectos empresariales.

Por otro lado, Gaviño es primo del alcalde de Bormujos, Baldomero Gaviño (independiente), quien recuperó la Alcaldía en 2005 tras una moción de censura contra el PSOE. El empresario está siendo investigado por su posible influencia en algunos ediles para que votaran a favor de la moción de censura.

Otro de los acusados en el caso es el entonces edil del PP y concejal de Infraestructuras de Camas, Antonio Enrique Fraile,  que presuntamente entregó a Gaviño un papel manuscrito en el que figuraban los puntos del orden del día que Carmen Lobo debía votar en el pleno del 13 de septiembre de 2005. Fraile era entonces también presidente de Sodecsa, la sociedad municipal de Camas que concentra la mayor parte de la política urbanística de la localidad. 

El alcalde de Camas en aquel momento, Agustín Pavón, está acusado por haber participado en una reunión en casa de Eusebio Gaviño en la se habló del presunto soborno a Carmen Lobo. Pavón fue imputado también en un caso por la presunta financiación ilegal de IU en Camas, denunciado por PSOE y Nueva Izquierda y archivado por el juzgado de Sevilla.

El quinto acusado del caso era Aureliano Lucas, concejal del PP en Castilleja de Guzmán y consejero de la Caja de Ahorros El Monte, además de profesor en un centro de la Diputación de Sevilla y coordinador para Sodecsa. Durante las investigaciones se le consideró como la persona que había puesto en contacto a Gaviño con Gordo pero en octubre de 2008 fue exculpado ya que los indicios en su contra se basaban en escuchas telefónicas anuladas como prueba por la Audiencia Provincial meses antes.

Los terrenos de la recalificación

Los terrenos a recalificar de suelo rústico a suelo edificable eran 93 hectáreas situadas entre la SE-30 y el Guadalquivir, conocidas como la finca de Los Hallones o los terrenos de La Vega. Esta operación estaba ya preparada en el año 2001, siendo alcaldesa de Camas la socialista Encarnación Díaz, pero nunca se llegó a finalizar a causa que los terrenos estaban clasificados como inundables en el PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) de Camas. El cambio de gobierno de 2003, en el que el PSOE perdió la alcaldía en favor de la coalición IU-PP-PA, aplazó definitivamente los planes de recalificación.

Según el diario ABC, los terrenos fueron adquiridos el 23 de septiembre el año 2000 por la empresa Sol Frío de Níjar, de Emilio Pérez Ruiz y sus dos hijas, una de ellas Pilar Pérez Martín, delegada provincial de la Consejería de Medio Ambiente en Sevilla y entonces directora del área de Juventud de la Diputación. Ruiz compró las acciones de las empresas propietarias de los terrenos a cinco nietos del general Queipo de Llano por 900 millones de euros y, según la información publicada por el diario, la vendió esa misma mañana a dos sociedades participadas por la Caja San Fernando (Hispalia XXI y Desarrollo Inmobiliario Siglo XXI) por 5.500 millones de euros.

Los acusados culpan a Antonio Rivas, ex alcalde socialista de Camas hasta 1999 y ex delegado provincial de Empleo, de estar detrás de una «trama trampa» para recuperar el Ayuntamiento y llevar a cabo la recalificación. El diario ABC ha publicado que el protocolo municipal de Camas para la recalificación “se envió a la contraparte desde un fax de la propia Delegación de Empleo de la Junta” y que Rivas se reunió con la concejal tránsfuga.

En febrero de 2001, meses después de la aprobación del PGOU de Camas en el que no se incluía esta operación, la alcaldesa Díaz firmó un protocolo con las dos sociedades participadas por Caja San Fernando para urbanizar Los Hallones.

Los estudios estimaban una superficie residencial de 37 hectáreas, más otra comercial de 5 hectáreas a 300 euros el metro de suelo urbanizado, con los que se obtendrían unas ventas de 126 millones de euros, cinco veces más de lo invertido. Sin embargo, el documento no llegó a convertirse en convenio al tratarse de terrenos inundables.

Ahora la fiscalía ha devuelto a la delegación de Sevilla la denuncia presentada por el concejal de Camas Antonio Enrique Fraile en la que exponía una series de irregularidades en el convenio suscrito las sociedades y el Ayuntamiento de Camas en 2001.

El auto de imputación del caso Camas tras la anulación de las escuchas

En mayo de 2010 el titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Sevilla, Carlos Mahón, decretó la apertura de juicio oral contra los cuatro acusados, que se encuentran en libertad provisional y han depositado una fianza de 30.000 euros a cada uno.

En el auto de acusación se considera como hechos probados que los acusados, utilizando al militante de IU Javier Gordo Vázquez, intentaron desbloquear la situación del Ayuntamiento en torno a unos "importantes proyectos urbanísticos" solicitando el voto de Carmen Lobo, "a favor de las propuestas que se iban a presentar en seis plenos municipales en los que se plantearían las modificaciones urbanísticas necesarias" para obtener "un lucro económico importante".

El proceso siguió adelante pese a que en mayo de 2008 la Audiencia Provincial anuló las escuchas telefónicas que desencadenaron las diligencias por considerar que el auto que las autorizaba ofrecía “un vacío total y absoluto de motivación" ya que en él no se consignaba “un solo indicio real que permitiera al juez una presunción razonable de los supuestos delitos investigados”.

La anulación archivó el procedimiento contra Aureliano Lucas porque la acusación contra él se basaba exclusivamente en las escuchas telefónicas, donde tras el voto en contra de la concejal Carmen Lobo en el Pleno municipal, se le oía afirmar que todos se habían quedado "con el culo al aire y [...] se enterará todo el mundo del tinglado que hemos montado".

Sin embargo, el proceso continúa para Pavón, Fraile, José del Castillo y Eusebio Gaviño porque, según el juez instructor, la denuncia que destapó los hechos, las grabaciones audiovisuales, el sobre con 12.000 euros y las declaraciones "son fuentes de investigación y de prueba que no están contaminadas por la nulidad" y son suficientes para concretar la posible participación de los imputados.

Fraile, Pavón y del Castillo, dice el auto de inculpación, tuvieron un papel "muy activo en la trama delictiva", participando en la reunión en la que supuestamente se planea el soborno. Además, Fraile y Del Castillo estuvieron "merodeando con claro afán fiscalizador y controlador" en torno a la cafetería donde el empresario entregó el sobre con 12.000 euros a Lobo. 

Según el auto, en el encuentro que tuvo lugar en su chalé Gaviño "ejerció como portavoz de los demás asistentes " e instó al ex alcalde y a los ediles a "mirar para otro lado" respecto a los pagos mientras él y Francisco Gordo se encargan del “control empresarial" de todas las operaciones. Para el juez, la grabación muestra que todos los participantes “obtendrían beneficios económicos si las propuestas eran definitivamente aprobadas”.

Por otra parte, la Guardia Civil manifestó

la imposibilidad de establecer un cotejo entre las pruebas de voz practicadas a Agustín Pavón y José Del Castillo y las conversaciones grabadas por considerar que la calidad del sonido no era suficiente para establecer una comparación con garantías.

La juez ordenó entonces realizar pruebas fonético-lingüísticas que identificaron todos los acusados excepto a Fraile, a quien los peritos no pudieron certificar como correspondiente con la cuarta voz de las grabaciones.

El ex alcalde de Camas Agustín Pavón (IU) insiste en que "se trata de una trama urdida por Francisco Gordo y Antonio Rivas" y en que el contenido de la grabación "no se ajusta a la realidad”, ya que él y sus concejales acudieron a la reunión con la intención de analizar la sentencia por estafa contra Lobo.

Expulsiones partido

Las investigaciones del caso y su posterior acusación llevaron a Aureliano Lucas (PP), Antonio Enrique Fraile (PP) y José del Castillo (PA) a presentar la baja en sus respectivos partidos hasta aclarar su situación jurídica.

Pavón no se presentó como candidato a la alcaldía en las siguientes elecciones de Camas (2007) pero mantuvo su cargo de coordinador local de IU. El ex regidor ha sido protagonista también de un conflicto político con su sucesor en el Ayuntamiento camero, Juan Pazos. En 2008, Pazos y otros tres concejales suscribieron un acuerdo con el PSOE para conservar la alcaldía tras destituir a varios concejales de IU que habían dejado de respaldarle. Pavón se enfrentó a la directiva provincial de IU y promovió la expulsión de Pazos del partido con el apoyo de la directiva regional. En las elecciones de mayo de 2011 el PSOE recuperó la mayoría absoluta en Camas y Pazos se afilió a UPyD.

Rivas, que no está imputado en el caso pero a quien los acusados señalan como promotor de la trama, se encuentra también de baja del partido (PSOE) tras presentar su renuncia "temporal y voluntaria" de su cargo como delegado de Empleo por su imputación en el caso de los ERE de Mercasevilla.

Estado del proceso

La Audiencia de Sevilla rechazó en 2010 la solicitud de la defensa de Enrique Fraile de que fuese retirada la imputación de su cliente y las peticiones de sobreseimiento de los demás acusados de soborno. 

El juez ha dictado un auto de continuación del procedimiento ante un jurado popular y el caso está a la espera de que sea fijada una fecha para la celebración de la vista oral, que continuará pese a la retirada de Lobo de la acusación popular en octubre de 2008. La edil alegó "motivos personales", aunque su abogada declaró que eso no implica que la ex concejal no siga participando en el proceso como testigo de la Fiscalía y del PSOE, que mantienen sus acusaciones.

La Fiscalía solicita un año y medio de prisión para cada uno de los procesados por un presunto delito de cohecho por el supuesto intento de soborno, así como una condena accesoria de inhabilitación especial para el ejercicio de cargos públicos y una multa de 24.000 euros. Por su parte, el PSOE mantiene la petición de condena por cohecho de un año y medio de prisión y multa de 36.000, además de cinco años de inhabilitación.




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