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Dossier: El caso de los ERE y la Junta de Andalucía
El caso de los ERE y la Junta de Andalucía
 
DOSSIERSDELPARAISO.COM | Maria Ester PÉREZ QUIROGA | España | ANDALUCÍA | SEVILLA
 
03/08/2011 - 09:11 • La trama de prejubilaciones fraudulentas de familiares, conocidos y miembros del partido socialista andaluz saltó a la actualidad tras encontrarse 182 irregularidades en los ERE actualmente subvencionados por la Consejería de Empleo. La Junta cifra el dinero malversado en nueve millones de euros de un fondo de 647 millones destinado a ayudar a las empresas andaluzas en crisis. La juez del caso ha solicitado investigar también los ERE ya pagados y otros 87 millones de euros del fondo concedidos a ayuntamientos y otras entidades.

LA LEGALIDAD EN EL PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE LAS AYUDAS

En 2001 la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) suscribieron un acuerdo por el que el director general de Trabajo, Francisco Javier Guerrero, estaba acreditado para disponer las ayudas provenientes del fondo de 647.869.157,45 euros del IFA.

El acuerdo buscaba agilizar los trámites burocráticos para el rescate de grandes empresas en crisis y fue firmado el entonces consejero de Empleo José Antonio Viera y el director del Instituto de Fomento Andaluz (IFA), Antonio Fernández. Tres años después Fernández accedió también al cargo de consejero y lo ocupó hasta 2010.

Entre 2001 y 2008 Javier Guerrero manejó el fondo "en representación y por delegación del consejero” aunque esta autorización no se publicó en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), como establece la Ley de Régimen de Administraciones Públicas.

La Policía considera que la Junta no siguió los controles pertinentes y concedió las ayudas “de manera arbitraria”, por lo que califica de ilegal el sistema de concesiones. El informe policial señala la falta de aprobación de las ayudas por parte del Consejo de Gobierno y la omisión de publicar en el BOJA las partidas superiores a tres millones de euros. Por su parte, el PSOE se apoya en la Ley 38/2003 General de Subvenciones para defender esta fórmula y la intención de agilizar la concesión de las ayudas.

Los medios de comunicación han publicado también que el convenio caducó en 2003 pero la fórmula siguió utilizándose hasta 2010. La Intervención General de Hacienda envió informes en 2005, 2006 y 2007 cuestionando el proceso y señalando anomalías en las ayudas pero no se firmó una nueva propuesta porque, según declaraciones de Guerrero, todos los borradores presentados fueron “tirados para atrás”.

El IFA, entidad encargada de efectuar los pagos, fue sustituido por la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA). A pesar de ello, Hacienda ha detectado numerosas irregularidades tanto en los abonos de los ERE como en otras ayudas gestionadas a través de este nuevo organismo.

FUNCIONAMIENTO DE LA TRAMA: JUAN LANZAS Y LA CONSULTORA VITALIA

El informe policial del caso describe el sistema de prejubilaciones falsas como una red de mediadores con formas de pago muy versátiles, como emisión de informes, comisiones, cobro de pólizas de seguro cuya prima ha sido abonada por una consultora, auto prejubilación en una empresa, etc.

La investigación apunta a la consultora Vitalia-Vida, que gestionó 120 expedientes con la Junta, y al “conseguidor” Juan Lanzas Fernández, ex miembro del sindicato UGT y amigo de Javier Guerrero, como elementos centrales de la trama.

La consultora Vitalia ha colaborado de forma asidua en la gestión de los ERE subvencionados por la Consejería desde 2001, concentrando 60 de las 72 pólizas falsas encontradas por la Junta en su investigación interna.

El director comercial de Vitalia, Antonio Albarracín, explicó en su declaración policial del 10 de febrero de 2011 que la consultora cobraba una cantidad por cada persona para la que se gestionaba la póliza de prejubilación, incluidos los llamados “intrusos”. Albarracín declaró también que eran las empresas las que contrataban los servicios de su consultora y no la Junta, por lo que “si hay un acuerdo entre la empresa y la Junta a nosotros nos viene dado y no tendríamos por qué enterarnos". Sin embargo, el directivo reconoció que el ex director de Mercasevilla Fernando Mellet incluyó al antiguo dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido como intruso en el segundo ERE de Mercasevilla por un "compromiso ineludible".

El comercial de Vitalia Francisco Limón y socio en Hermes Consulting, el empresario Francisco González, están también acusados de cohecho y presunto delito de estafa por su participación en la trama.

Por su parte, Juan Lanzas ejercía de colaborador de la consultora, proponiéndola como mediadora a las empresas que estaban realizando un ERE. Anteriormente, Lanzas había presidido durante diez años la cooperativa oleícola San Francisco y participaba como dirigente sindical en la negociación de distintos expedientes. Presuntamente, los contactos establecidos entonces le ayudarían a ubicar a personas en diferentes ERE de manera ficticia y conseguir beneficios económicos por su participación.

El propio Lanzas y su mujer, Patrocinio Sierra García, aparecen en ERE de sociedades para las que no han trabajado.  El gestor asegura que la consultora sugirió este sistema para abonarle dinero que se le debía por proponer a Vitalia como mediador a las empresas. Lanzas ha reconocido que obtenía un beneficio mayor si, además de la consultora, conseguía que la aseguradora fuera alguna del mismo grupo, como Fortia Vida, Norton Life, Personal Life y Excell Life.

Además, Lanzas gestionó junto con su cuñado, también imputado, la empresa Maginae Solutions, que intermedió en el ERE de Mercasevilla de 2003 y cobró 63.800 euros por un informe que no aparece en la documentación oficial de la empresa.

Desde 2007 Empleo empezó a trabajar también con la consultora Uniter, que está siendo investigada y que ha colaborado recientemente con la Junta sin seguir los trámites de selección que se instalaron en 2009 precisamente para reducir el papel de los “conseguidores”. Por su parte, la consultora belga Apra Leven, que se encontraba ya en quiebra en el momento en el que el caso salió a la luz, demandará a la Junta por una deuda de 36 millones de euros.

LA TRAMA DE LOS ERE EN CIFRAS SEGÚN LA JUNTA DE ANDALUCÍA

A finales de marzo de 2011 los medios de comunicación recogían los resultados de la investigación interna de la Consejería de Empleo. Se inspeccionaron las pólizas de los 5.982 trabajadores incluidos en los 68 expedientes de regulación de empleo que estaban recibiendo ayudas, conocidos como ERE activos.

En total se encontraron 183 casos con algún tipo de irregularidad. De ellos, 72 corresponden a personas que no han trabajado para la sociedad por la que se firmó su prejubilación o “intrusos”. Los otros 111 casos presentan “discordancias administrativas”, generalmente referidas al cobro de importes superiores a los correspondientes.

En cuanto a las empresas, 42 de las 68 investigadas contaban con alguna anomalía. En concreto, 24 corresponden a expedientes con intrusos y las otras 18 se calificaron como irregularidades administrativas

La Consejería estima que el dinero defraudado asciende a nueve millones de euros de los 647 destinados al fondo de ayudas. La cifra ha provocado que la Fiscalía Anticorrupción de Sevilla se haya sumado a la investigación de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos.

En estos datos no se contabilizan otros 87 millones del fondo del IFA destinados de forma directa a empresas, ayuntamientos y otras entidades que también han salido a la luz al investigar la contabilidad.

CARGOS POLÍTICOS RELACIONADOS CON EL CASO DE LOS ERE

El principal responsable político de la trama que acumula por el momento 29 imputados es Javier Guerrero, director general de Trabajo y Asuntos Sociales de 1999 a 2008. Entre 2001 y 2008 autorizó la mayoría de las subvenciones para los ERE en los que se han detectado intrusos, entre ellos su suegra. La juez lo considera responsable de la inclusión de 13 falsos trabajadores en distintos ERE "por razones de amistad, parentesco o militancia en el PSOE" y ha sido expulsado del partido.

El segundo responsable político imputado es Antonio Fernández, consejero de Empleo de la Junta entre 2004 y 2010 y ahora responsable del Consejo Regulador de los vinos de Jerez y consejero de la Junta. Fernández firmó el convenio como presidente del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA). Está incluido en el ERE de 2008 de las bodegas González Byass, aunque no ha firmado la documentación necesaria para cobrar la póliza.

Entre los cargos políticos relacionados con la trama pero no imputados está José Antonio Vieira, considerado como el creador del convenio. Vieira fue consejero de Empleo desde el año 2000 hasta el 2004 y firmó el acuerdo entre Empleo y el IFA. Actualmente es secretario general del PSOE de Sevilla, diputado autonómico y senador por la comunidad. 

Tampoco está imputado el actual consejero, Manuel Recio, que era presidente de IDEA mientras se mantenía el fondo. Recio asumió la dirección de la Consejería en 2010 y suprimió el acuerdo firmado por sus antecesores, pero sostiene que ha habido "absoluta legalidad" en los procedimientos precedentes.

El sucesor de Guerrero como director de Trabajo, Juan Márquez, autorizó en diciembre de 2009 el expediente de regulación de empleo de la compañía Calderinox y una subvención de la Junta de 898.571 euros. En ERE estaba incluido el ex delegado provincial de Trabajo y Seguridad Social de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés, que nunca había trabajado en la empresa.

 IMPUTADOS E INTRUSOS EN LOS ERE DE ANDALUCÍA

Además de los cargos políticos, la trama con hasta ahora 29 imputados tiene en su centro a Juan Lanzas, considerado el “conseguidor”  o mediador que se encargaba de incluir intrusos en los ERE. Según el auto de la jueza Alaya del 16 de abril de 2011, Lanzas está imputado por su "presunta intervención como mediador o conseguidor en diferentes Expedientes de Regulación de Empleo en los que se han detectado ilegalidades, entre los que destacan Mercasevilla, Hitemasa o Río Grande".

También le imputa por ser beneficiario de una póliza de Hitemasa a pesar de que nunca trabajó en la empresa; por su intento de inclusión de él mismo en el ERE de Mercasevilla de 2007; la inclusión de su esposa en el ERE de Hitemasa o la de su cuñada en el ERE de Dhul; y también por la "presunta apropiación" del dinero abonado a Carmen Fontela García por el ERE de Río Grande.

El caso Mercasevilla desencadenó la investigación al descubrirse la inclusión fallida de Carmen Fontela en el ERE del mercado sevillano de 2003 y la del ex miembro de la ejecutiva socialista de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo en otro ERE de Mercasevilla del 2007. Tanto Fontela como el director de la sociedad, Fernando Mellet, y su director adjunto, Daniel Ponce, están imputados en el caso.

Los “intrusos” imputados en el caso de los ERE fraudulentos están acusados de un delito de tráfico de influencias, aunque es previsible que también se les acuse de cohecho, ya que percibieron pólizas entre 100.000 y 200.000 euros por sus vínculos de amistad con políticos e intermediarios. Entre ellos se encuentran:

-       Antonio Rivas, ex delegado de Empleo en Sevilla, imputado por haber autorizado buena parte de los ERE en los que se han encontrado intrusos, en particular el de Mercasevilla en 2007.

-       Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso (Sevilla), cargo que también ocupó Javier Guerrero. Ha sido detenido por aparecer como falso prejubilado en el ERE de Cydeplast. Ha declarado no saber que su póliza era ilegal y ha entregado a la juez un acta notarial en la que consigna los 110.000 euros cobrados de manera fraudulenta. A través de la devolución del dinero percibido ilícitamente (artículo 308 del Código Penal), muchos de los intrusos podrían evitar el ingreso en prisión si resultasen condenados. Su hijo Juan Enrique Rosendo, también ex concejal, fue copropietario de la empresa Matadero de Sierra Morena, que recibió 9,2 millones en subvenciones directas desde la Consejería de Empleo y está siendo investigada.

-       José Antonio García Prieto, ex concejal y anterior secretario de política municipal del PSOE en Camas (Sevilla). Estando en el paro, García Prieto percibió 1.900 euros al mes como falso prejubilado de Intesur desde 2003 hasta 2007. Ese mismo año firmó una segunda póliza con Manufactura Española de Corcho, de la que al parecer no recibió ningún pago. Reconoció ante la Policía había tratado directamente con Guerrero para obtener las ayudas de la Junta.

-       Antonio Garrido Santoyo, ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén). Fue incluido en el ERE de Mercasevilla de 2007 que inició el caso. Presuntamente, también percibió 78.000 euros del ERE de Coosur.

-       María José Martínez Elvira, presunta perceptora de 109.050 euros por una prejubilación irregular en Hitemasa y esposa de Luis García de los Reyes, ex alto cargo de la UGT de Jaén.

-       César Braña, ex gobernador civil de Cádiz, ya fallecido, con quien Lanzas había entablado relación cuando dirigió la empresa jiennense Cárnicas Molina. Estaba incluido en el ERE de Hitemasa.

-       Juan Rodríguez Cordobés, militante socialista y ex delegado de Asuntos Sociales en Sevilla prejubilado en Calderinox.

-       Domingo Martínez, ex alcalde socialista de San Nicolás del Puerto (Sevilla) es intruso en el ERE de Acyco Sal.

EMPRESAS CON EXPEDIENTES FRAUDULENTOS

La investigación del caso ha puesto de manifiesto la arbitrariedad del sistema de concesión de las ayudas, en el que las sociedades y fundaciones con participación públicas resultaban favorecidas, según el diario El confidencial.

Las 32 empresas implicadas en la trama de presuntos ERE fraudulentos que recibieron subvenciones de la Junta andaluza incluyen los nombres de Mercasevilla, Río Grande, SOS Cuétara, Cash Lepe, Calderinox, Saldauto, Graficromo, Cydeplast, Smurfit, Hitemasa, Surcolor, Bolidén, Minas de Río Tinto, Dhul, Smurfit, Springer Arteferro, Germans, la empresa pública de gestión medioambiental Egmasa, Matadero Fuenteovejuna, hoteles Nexprom, Acyco Sal, Intesur, el matadero Primayor y Manufactura Española del Corcho.

La compañía con mayor número de intrusos detectados es Bonpunt, donde se han encontrado 12 falsos prejubilados. El ERE de Novo Comlink, subvencionado por la Junta con 20,8 millones de euros, aúna en su ERE 42 de las 183 pólizas que presentaron alguna irregularidad.

Muchas de las empresas que presentaron los ERE subvencionados ya habían recibido anteriormente financiación pública en forma de avales o ayudas. En concreto, Graficomo recibió en el año 2000 cerca de 68 millones de pesetas (407.488 euros) del Programa de Ayuda para la Promoción y el Desarrollo del Sector Industrial, Cydeplas Pet recibió a través del IFA un préstamo de 250 millones de pesetas en 1994 (1,5 millones de euros) y en 2000 aparece en el BOJA como beneficiaria de una ayuda directa para la promoción y el desarrollo del sector de 100.981.200 pesetas (en torno a 607.000 euros). Calderinox, Acyco Sal y Springer Arteferro son otros ejemplos de empresas que obtuvieron dinero público en varias ocasiones antes de presentar sus ERE.

AMPLIACIÓN DE LAS INVESTIGACIONES

La juez Mercedes Alaya ha ampliado sus pesquisas a los 190 ERE que contaron con ayudas públicas entre 2001 y 2010 y ha solicitado a la Policía que indague también en las ayudas sociolaborales concedidas por la Junta a otras 24 empresas por un total de 49.191.433,68 euros. Alaya reclama a la Junta aclaraciones sobre los informes de la Intervención General de Hacienda y señala más intrusos de los oficialmente anunciados por la Junta.

La juez ha ordenado que se investigue también a los ayuntamientos sevillanos de Los Palacios y Santiponce, que recibieron de la Consejería de Empleo 901.518,16 y 871.467 euros respectivamente, y la ayuda de 901.518 euros otorgada a la Sociedad de Desarrollo Local de El Pedroso (Sodelp), de donde es natural Francisco Javier Guerrero.

Por otra parte, la Policía Judicial ampliará la investigación ya realizada sobre otras empresas como Bonpunt, Germans o Ros Fotocolor por no estar claras las posibles irregularidades y el total de "personas que ilícitamente podían haber cobrado prestaciones que no les correspondían".

SUBVENCIONES DIRECTAS A EMPRESAS Y OTRAS ENTIDADES

Pese a que Guerrero afirma que los pagos se realizaban a individuos y que la trama investiga a los beneficiarios de pólizas falsas, entre las irregularidades de uso de los fondos destacan también 87 millones de euros otorgados a distintas entidades.  

Son 130 ayudas otorgadas a 13 ayuntamientos (10 de ellos en la provincia de Sevilla), presidentes de asociaciones, empresas y fundaciones. Los medios de comunicación y la referencia de Guerrero al “fondo de reptiles” apuntan a que estas concesiones sirvieron para “contentar” a distintos cargos y allegados de los implicados.

Empresas participadas por Ángel Rodríguez de la Borbolla, alcalde de Cazalla de la Sierra durante 20 años y hermano del ex presidente de la Junta andaluza José Rodríguez de la Borbolla; por José Enrique Rosendo, hijo de Rafael Rosendo, ex alcalde de El Pedroso e intruso en un ERE; y por el ex ministro de Trabajo del PP Manuel Pimentel recibieron elevadas subvenciones.

COMISIONES E INVESTIGACIONES EN LOS SINDICATOS

Las organizaciones sindicales también se han visto salpicadas por la polémica del caso de los ERE.

Por un lado, el diario El Mundo publicó el 4 de abril 2011 que Comisiones Obreras (CCOO) y UGT cobran un 1% del total de cada ERE que asesoran a través de su participación en Atlantis Seguros, del que poseen un 40% del capital. Los secretarios generales de ambos sindicatos en Andalucía, Francisco Carbonero y Manuel Pastrana respectivamente, negaron que sus sindicatos cobrasen comisiones por las labores de asesoramiento en la tramitación de Expedientes de Regulación de Empleo.

La otra polémica tiene su origen en la paralización en 2009 de una investigación interna de CCOO que intentaba aclarar las irregularidades en los ERE. La comisión ejecutiva de la sección de textil y químicas de Málaga (Fiteqa) propuso informar a la organización regional "de las posibles irregularidades de los fondos públicos en la Federación de Andalucía", de acuerdo con el acta de la comisión del 8 de julio de 2009.

El diario El País publicó el 7 de abril de 2011 que CCOO respondió formando una comisión instructora que abrió un expediente sancionador a la ejecutiva malagueña pero cerró el caso en noviembre de 2009 “tras la retirada de tres polémicos puntos que habrían destapado la práctica irregular de incluir personas que nunca trabajaron en las empresas beneficiadas”.

LA NUEVA NORMATIVA PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS

La Consejería de Empleo publicó el 6 de abril de 2011 una orden en el BOJA por la que la Dirección General de Trabajo regulará a partir de ahora las ayudas destinadas a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo.

La nueva normativa establece un periodo de pertenencia mínimo a la empresa (dos años para las prejubilaciones ordinarias y tres en casos con mayores dificultades) que evite la inclusión de trabajadores recién contratados e implanta un proceso de selección para las empresas más riguroso.

En concreto, las compañías tendrán que iniciar el procedimiento con una petición conjunta de la empresa y los trabajadores e incluir una memoria con las medidas solicitadas. La Junta y la Consejería de Empleo tendrán que emitir informes sobre la incidencia en la economía andaluza y la influencia en el empleo.

La orden también regula la cuantía de las ayudas. La cantidad máxima al mes no podrá ser superior al 80% de la media del salario bruto de las seis últimas nóminas ni a la pensión máxima de la Seguridad Social.

Además, la concesión de las ayudas estará limitada por las disponibilidades presupuestarias y se realizará mediante fiscalización previa del gasto. Hasta ahora se hacía con posterioridad y la falta de control ha favorecido muchas de las irregularidades detectadas.

No obstante, la normativa no sigue la recomendación de la Intervención General de Hacienda de que se sustituya la fórmula de la transferencia de financiación de una agencia (IDEA) por la figura de la subvención excepcional.

La entrada en vigor de esta orden es el primer paso para el desbloqueo de la suspensión de pagos a los más de 5.000 trabajadores prejubilados que dejaron de recibir sus ayudas al conocerse el fraude de los ERE.

QUERELLAS

Actualmente tanto el Sindicato Andaluz de Funcionarios de la Junta de Andalucía (Safja), el sindicato Manos Limpias y la Central Sindical Independiente y de Funcionarios en Andalucía (CSIF) han presentado querellas en el caso. El PP también ha presentado una querella contra las 26 personas que considera responsables de la trama y ha denunciado el caso ante el Tribunal de Cuentas. La Junta, por su parte, se ha presentado como acusación particular y ha anunciado que pondrá en marcha un procedimiento para recuperar el dinero público aportado.

Las acusaciones en las querellas son principalmente por un posible delito de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, tráfico de influencias y falsedad documental, así como uso de información privilegiada y fraude en subvenciones.

Además, la Comisión de Hacienda y Administración Pública del Parlamento andaluz aprobó el  5 de abril de 2011 por unanimidad (PSOE, PP e IU) pedir a la Cámara de Cuentas de Andalucía que haga un "informe fiscalizador con carácter integral" de las ayudas dadas por la Junta a trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y empresas en crisis desde 2001 hasta 2010.




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